La mejora en los ingresos por trabajo explica la disminución de la pobreza desde 2018, aunque persisten desigualdades en las transferencias gubernamentales
La pobreza en México ha mostrado una reducción significativa desde 2018, resultado principalmente del aumento en los ingresos laborales de los hogares. Los datos oficiales indican que los ingresos en promedio subieron un 15 %, con más del 80 % de ese incremento derivado del trabajo, tanto presente como pasado. Este aumento en los ingresos laborales fue mayor en los deciles de menores recursos, con un crecimiento del 29 % en los deciles I a III, del 20 % en los IV a VI y del 15 % en los deciles superiores, con solo un 2 % en el decil de mayores ingresos.
Mientras tanto, las transferencias monetarias de programas gubernamentales también aumentaron, pero de manera desigual. Los recursos presupuestales se triplicaron entre 2018 y 2024, beneficiando principalmente a hogares de mayores ingresos y recortando a los de menores recursos. La proporción de hogares de los deciles más bajos que reciben estos apoyos disminuyó del 78 % en 2016 al 53 % en 2024, según datos de la misma fuente que mide la pobreza. Además, dos tercios de los hogares en los deciles I a III permanecen excluidos de los programas, que supuestamente deberían ser universales.
Se espera que las nuevas cifras de pobreza, que serán presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tras la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reflejen la tendencia a la baja en la pobreza gracias al incremento en los ingresos. Sin embargo, hay que garantizar que cambios en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares no afecten la comparabilidad de las mediciones, especialmente en aspectos como la carencia por acceso a servicios de salud.
Estos datos resaltan la necesidad de corregir la distribución de los programas sociales universales. La revisión del Censo del Bienestar de 2019 puede y debe ajustarse para mejorar la inclusión de los hogares más vulnerables. De cara al futuro, la administración federal puede aprovechar esta tendencia para impulsar políticas que favorezcan la creación de empleos, la mejora del ingreso laboral y la inclusión económica de mujeres y jóvenes sin empleo o con barreras de acceso a la educación.
Para consolidar estos avances, es necesario promover el diálogo social y la concertación. Esto incluye impulsar un salario digno, crear espacio fiscal para inversión en zonas con alta pobreza, garantizar servicios de salud y educación de calidad con enfoque de equidad, y corregir la exclusión de los hogares más pobres de los programas de transferencias. La estrategia debe centrarse en acciones que fortalezcan la inclusión económica y reduzcan las desigualdades.