A pesar de los intereses internacionales, la propiedad del subsuelo en Argentina sigue en manos provinciales, complicando la llegada de inversiones a yacimientos clave.
La búsqueda de potenciar recursos estratégicos como las tierras raras y el uranio en Argentina enfrenta obstáculos debido a la estructura de propiedad del subsuelo, que pertenece a las provincias en lugar del Estado nacional. Esto se debe a una reforma constitucional de 1994, impulsada durante el mandato de Carlos Menem, que transfirió la propiedad de minerales, gas y petróleo a las jurisdicciones provinciales para asegurar su reelección. Como resultado, cualquier proyecto de explotación requiere negociaciones con gobernadores, quienes defienden su autonomía y generan retrasos burocráticos que desalientan a los inversores extranjeros.
Actualmente, cinco provincias albergan importantes yacimientos de estos minerales considerados vitales en la economía y tecnología global, incluyendo a Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén y San Juan. La competencia internacional, especialmente de Estados Unidos, busca controlar estos recursos para asegurar el suministro de materiales esenciales en la fabricación de vehículos eléctricos, tecnología militar y dispositivos digitales. Sin embargo, las trabas legales y políticas internas dificultan la concreción de proyectos de gran escala, contrastando con modelos centralizados como el de Chile, donde la minería está bajo control estatal. La existencia de reservas valoradas en decenas de miles de toneladas pone en evidencia el potencial que Argentina aún no ha aprovechado completamente.
En este contexto, los esfuerzos para atraer inversión extranjera se ven afectados por un marco legal disperso y una gestión provincial que retrasa decisiones clave, poniendo en riesgo la participación del país en la carrera tecnológica global.