La UIF, herramienta clave contra el crimen organizado, ha sido utilizada con fines políticos por el actual gobierno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada hace 21 años, es una institución fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México. Su función principal consiste en detectar y analizar transferencias financieras sospechosas para facilitar investigaciones más profundas y, en su caso, promover procedimientos judiciales contra personas físicas o jurídicas. La UIF opera en condiciones de máxima confidencialidad y cuenta con la facultad de investigar cualquier operación en el sistema financiero, exceptuando las monedas digitales o criptomonedas y los movimientos en efectivo.
El carácter transnacional del crimen organizado hace que la UIF forme parte de una red global de instituciones similares, colaborando en bloque para combatir delitos transnacionales. Sin embargo, en México, en ocasiones, la institución ha ejercido acciones como el bloqueo de cuentas bancarias sin una orden judicial previa, lo que ha sido considerado un acto claramente inconstitucional.
Uno de los mayores retos en la modernización del Estado mexicano ha sido garantizar la separación entre las funciones técnicas y las decisiones políticas. Aunque el servicio civil de carrera es un recurso valioso, no ha sido suficiente para evitar la politización en órganos de seguridad y vigilancia. La tendencia ha sido utilizar estas instituciones no para proteger a la sociedad, sino para servir los intereses del régimen en el poder, particularmente en un contexto donde las amenazas a la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia han sido subordinadas a agendas políticas.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador centró su discurso en identificar enemigos políticos, en lugar de priorizar la lucha contra el crimen. Durante sus 1,423 conferencias matutinas, conocidas como “las mañaneras”, rara vez se dirigió de manera directa contra algún criminal. En cambio, las expresiones contra periodistas, opositores, integrantes del Poder Judicial y funcionarios fueron frecuentes y agresivas. La lógica de la administración fue, por tanto, que entidades como la UIF operaran bajo esta narrativa, poniendo en riesgo su misión original.
La transformación de la UIF en un instrumento al servicio del régimen ha sido evidente en las decisiones y acciones de sus últimos titulares. La politización no solo proviene de la influencia del presidente, sino también de las decisiones que han sido tomadas en línea con sus intereses. La figura de Santiago Nieto, quien fue designado en la institución, ejemplifica cómo el uso de la UIF se convirtió en un mecanismo para violar el secreto financiero y la privacidad de datos, a veces con fines de persecución política.
Casos emblemáticos ilustran esta tendencia. En 2019, la UIF bloqueó cuentas de empresarios vinculados a la financiación de documentales críticos al régimen, sin autorización judicial, como si se tratara de delincuentes peligrosos. También se utilizó para forzar la renuncia del entonces ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, en una acción que evidenció la discrecionalidad y el carácter intimidatorio de la institución. Todas estas acciones vulneraron derechos constitucionales y la presunción de inocencia, tratando a adversarios políticos como delincuentes y a delincuentes como aliados del régimen.
Pablo Gómez, quien fuera opositor de López Obrador, fue nombrado titular de la UIF. Sin embargo, su gestión no representó un cambio en la política de utilización de la institución. En lugar de corregir los excesos, su liderazgo sirvió para consolidar la lógica de persecución política y ataques a críticos, incluyendo periodistas y opositores. Su participación en propuestas de reformas políticas ha sido vista como un paso más hacia un régimen de carácter autoritario y regresivo en materia democrática.
Recientemente, se ha producido un cambio en la dirección de la UIF con la llegada de Omar Reyes Colmenares, un funcionario con formación especializada en seguridad y con una visión más alineada a los intereses de cooperación internacional, particularmente en el contexto de la relación con Estados Unidos. La situación de las negociaciones y acuerdos con Estados Unidos, además de las advertencias del Departamento del Tesoro estadounidense respecto a instituciones financieras mexicanas, hace imperativo que la UIF retome su función original de combate al crimen organizado sin ser utilizada con fines políticos.
La relación de México con Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones criminales exige que la UIF actúe con independencia y profesionalismo. La reciente historia de la institución revela su transformación en un instrumento al servicio del régimen, en perjuicio de su misión. La llegada de un nuevo funcionario con perfil técnico y profesional en seguridad podría marcar una diferencia significativa para restaurar la credibilidad y la autoridad de la UIF en el combate efectivo contra el crimen organizado.
