Santiago, Chile. – Joaquín Lavín León, exdiputado, se prepara para su formalización judicial el próximo 4 de mayo, enfrentando graves acusaciones de corrupción. Nuevas evidencias han salido a la luz, que incluyen audios y documentos, indicando un uso indebido de recursos públicos y asignaciones parlamentarias.
La investigación liderada por la Fiscalía Oriente reúne más de dos años de indagatorias, en las que se han presentado testimonios cruciales que sugieren la existencia de una “caja chica” para gastos no justificados. Este esquema pudo haber generado un perjuicio fiscal estimado en $104 millones.
Un elemento clave es la plataforma SocialTazk, que, según la Fiscalía, fue financiada con fondos públicos y utilizada para fines electorales. Un testigo ha declarado que esta herramienta facilitó la construcción de una base de datos que podría estar vinculada a campañas políticas, incluyendo la presidencial de su padre.
Adicionalmente, la causa ha sido ampliada para incluir supuestos delitos relacionados con el uso indebido de datos del Servicio Electoral (Servel), lo que podría dar pie a nuevas acusaciones. La fiscal Constanza Encina mencionó que esto implica el uso de información personal de ciudadanos chilenos para fines no permitidos.
La defensa de Lavín León ha calificado estas acusaciones como infundadas y sostiene que demostrarán su inocencia. Este caso también involucra a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a quien se le relaciona con los primeros indicios de irregularidades. La gravedad de los delitos ha llevado a que el Consejo de Defensa del Estado considere solicitar prisión preventiva. La audiencia del 4 de mayo será crucial en la resolución de este significativo caso de corrupción.