Agricultores y comunidades rurales cuestionan la reforma que busca controlar el uso del agua, aumentando sanciones y limitando transmisiones de concesiones.
En octubre de 2023, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales con el propósito de regular de manera más estricta las concesiones del recurso hídrico en el país. La propuesta contempla la creación de un Registro Nacional del Agua, que busca promover la transparencia y el control del uso del agua, además de introducir el concepto de “responsabilidad hídrica” para fomentar prácticas sustentables entre los concesionarios y usuarios.
Estos cambios incluyen aumentos en las sanciones económicas, alcanzando multas de hasta cinco millones de pesos para quienes alteren, transfieran o hagan uso no autorizado del agua concesionada. Además, se propone formar un fondo de reserva para gestionar volúmenes de agua y favorecer la recuperación del uso de aguas residuales. La política busca frenar el mercado negro de concesiones, en un contexto donde diversos sectores alertan sobre el riesgo de concentrar el poder en las autoridades federales sin un proceso consultivo adecuado.
Este proyecto, sin embargo, ha generado fuerte rechazo en comunidades agrícolas y sectores productivos, principalmente por la prohibición de transmitir concesiones y por los nuevos obstáculos para heredar derechos sobre el agua. Agricultores como Baltazar Valdez Armentia consideran que las modificaciones representan un retroceso en derechos adquiridos a lo largo de generaciones, lo que podría afectar la continuidad de actividades rurales y la seguridad patrimonial del sector.
El rechazo se ha manifestado en bloqueos y protestas en diferentes estados, donde productores advierten que la reforma favorece el centralismo y limita las libertades de los usuarios. A pesar de las modificaciones aprobadas en el Congreso, la oposición denuncia que no se han considerado suficientes recursos para implementar las nuevas funciones y garantizar una gestión eficiente y sostenible del agua en el país.
El contexto actual evidencia la complejidad de equilibrar la protección de un recurso vital y escaso con las necesidades sociales y económicas del país, en un escenario donde la gestión del agua se vuelve cada vez más urgente ante el cambio climático y el crecimiento poblacional.