La reforma permite al gobierno modificar volúmenes y revocar permisos de agua, afectando a pequeños productores y generando controversia por su impacto en la seguridad jurídica.
Una modificación en la legislación del agua en México ha generado preocupación entre agricultores y ganaderos, al aumentar la autoridad del gobierno federal para gestionar las concesiones. La normativa establece que, cada dos años, se deben realizar estudios de disponibilidad del recurso, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá reducir o incluso eliminar concesiones de manera discrecional.
Este cambio otorga al gobierno una facultad que, en la práctica, puede afectar directamente a miles de familias productoras, ya que la reducción o eliminación de permisos dependerá de la voluntad del órgano rector, generando incertidumbre jurídica y potenciales conflictos. Además, el proceso de prórrogas se ha simplificado de manera que si la autoridad no responde a tiempo, la solicitud se considera rechazada automáticamente, lo que puede afectar a los productores que olviden o traspapelen trámites.
Expertos y representantes del sector agrícola consideran que la declaración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que no se deben transmitir derechos de agua, refleja una visión limitada del recurso, que también es fundamental para la alimentación y el consumo humano. La percepción general es que estas políticas refuerzan una percepción de que las decisiones sobre el agua se concentran en intereses gubernamentales, en un contexto donde el agua en las ciudades del país se pierde debido a la falta de inversión y una gestión deficiente, dejando al campo en una situación vulnerable.
Relevancia y contexto adicional: La gestión del agua en México ha sido una de las prioridades en el debate ambiental y de seguridad alimentaria durante años. La disponibilidad de agua para las actividades productivas y el consumo humano requiere un equilibrio delicado, que ha sido puesto en duda por cambios normativos recientes. La concentración del control en las autoridades puede exacerbar la inseguridad para los pequeños agricultores, que representan una parte significativa del sector rural y que dependen de permisos estables para garantizar su subsistencia. La innovación en la regulación del recurso hídrico debe ir acompañada de mecanismos que forgén la transparencia y la protección de los derechos de los usuarios, especialmente en un contexto de crecientes desafíos climáticos y urbanización acelerada.