Investigaciones revelan conexiones entre altos funcionarios, empresarios y el contrabando de combustible, poniendo en entredicho la narrativa oficial de erradicar el huachicol.
En una serie de investigaciones recientes, se han detallado vínculos entre integrantes del partido oficial y el creciente problema del huachicol en México, desafiando la versión gubernamental de una derrota definitiva del contrabando de combustible. Un operativo en alta mar en 2025 exhibió una red sofisticada en la que altos mandos de la Secretaría de Marina estarían implicados en la importación ilícita de hidrocarburos, mediante operaciones que involucraban empresas fantasma y contactos en dependencias aduanales. Además, personajes como Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y familiares del expresidente López Obrador, han sido señalados en investigaciones por su presunto rol en redes de corrupción y contrabando, con indicios de protección y financiamiento que habrían favorecido estas actividades ilegales. La detención de empresarios vinculados a la red huachicol y las acusaciones en torno a operaciones de contrabando en estados como Tamaulipas muestran un entramado que podría haber sido usado para fortalecer campañas políticas y mantener influencia en el poder. El caso más reciente involucra al empresario Raúl Rocha Cantú, cuyas operaciones ilegales al parecer contaron con la complicidad de funcionarios y empresas públicas, con actividades de tráfico de combustible que alcanzaron a diversas instituciones del Estado, poniendo en entredicho la lucha oficial contra el huachicol y evidenciando presuntas sobregestiones en las denuncias públicas.