La posible escalada de la deuda pública y el aumento del déficit fiscal amenazan la calificación crediticia del país, lo que impactaría en el costo del financiamiento.
La situación fiscal de México presenta signos preocupantes que podrían afectar su clasificación crediticia en los próximos años. Actualmente, la deuda pública del país se acerca al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), un umbral considerado por los mercados como indicativo de una economía con perfil de riesgo elevado. Según un análisis reciente de expertos en finanzas, si el país continúa con un déficit fiscal proyectado en torno al 4% del PIB, y con el uso de mecanismos de financiamiento no registrados oficialmente como deuda, la calificación crediticia podría deteriorarse antes de 2030.
Este escenario recuerda experiencias internacionales, como la ocurrida en Brasil en 2016, cuando la pérdida del grado de inversión provocó una significativa devaluación del tipo de cambio y un aumento en los costos financieros. La administración mexicana enfrenta el reto de reducir el déficit fiscal, que en 2024 alcanzó niveles cercanos al 6%, para evitar una escalada de la deuda y mantener la estabilidad económica. La fragilidad fiscal resulta especialmente importante en el contexto de un año electoral, pues las presiones de gasto aumentan y dificultan la recuperación fiscal necesaria para mantener la confianza de los inversores.
Históricamente, México no ha sido calificado como país con riesgo especulativo desde 1992; sin embargo, si las tendencias actuales persisten, los analistas advierten que podría atravesar esa frontera en un futuro cercano, generando mayores costos de financiamiento y afectando el crecimiento económico del país.