Mazapil, Zacatecas. – La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México rechazó el fallo del panel laboral del T-MEC en relación a la mina Camino Rojo, alegando que el mecanismo se extralimitó al evaluar conductas que podrían ser penales. El gobierno sostiene que esa evaluación supera el marco del tratado y debe ser competencia de instituciones nacionales.
El panel laboral había señalado que la mina, operada por Orla Mining, violó derechos de los trabajadores al interferir en actividades sindicales y favorecer a un sindicato en particular. Además, consideró que la empresa debería haber protegido la libertad sindical, considerando los riesgos de crimen organizado en la zona. Esta situación genera una creciente tensión entre México y Estados Unidos en el ámbito laboral.
La controversia se remonta a junio de 2024 cuando el sindicato Los Mineros solicitó una revisión de las condiciones laborales en la mina. México aceptó la revisión, pero el desacuerdo surgió cuando Estados Unidos pidió una interpretación más amplia del mecanismo del T-MEC, alegando que había indicios de interferencia patronal. Desde entonces, la discusión ha girado en torno a la interpretación del alcance del tratado y la intervención del panel.
El fallo no invalida la resolución judicial mexicana que reconoció la votación favorable del sindicato Beneficio de Minas, pero sí ha generado una serie de recomendaciones y medidas correctivas. Entre estas se incluyen disculpas públicas y acciones para garantizar un ambiente laboral libre de intimidación. Sin embargo, el panel deja clara su posición sobre la existencia de interferencia, lo que complica la situación.
El contexto del conflicto se vuelve más relevante debido a la reciente autorización de Semarnat para que Orla Mining expanda sus operaciones en Camino Rojo. Con la minería en el centro de la economía local, la estabilidad y la percepción pública adquieren mayor importancia para el futuro del proyecto, haciendo que la disputa trascienda el ámbito laboral.