Autoridades reportan presencia de integrantes de hasta 12 años en grupos delictivos en la capital del país
En la Ciudad de México, las autoridades han detectado la participación de menores de edad, incluso de hasta 12 años, en actividades relacionadas con pandillas y grupos delictivos. Esta situación representa una preocupación creciente para los servicios de seguridad y protección infantil, quienes advierten sobre la gravedad del fenómeno y la necesidad de implementar medidas preventivas efectivas.
La presencia de niños y adolescentes en organizaciones criminales ha sido confirmada en diversos informes de seguridad pública. Estos menores, en muchos casos, son utilizados como corredores, halcones o incluso integrantes activos de las pandillas. La problemática no solo se limita a la capital, sino que también ha sido reportada en diferentes municipios de la región, reflejando un fenómeno que requiere atención especializada y coordinada entre instituciones.
Expertos en criminología y derechos humanos advierten que la incorporación de menores en actividades delictivas obedece a múltiples factores sociales, económicos y familiares. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y la exposición a entornos violentos son algunos de los principales motivos por los cuales estos jóvenes son reclutados por las organizaciones criminales. La situación se agrava cuando los menores no cuentan con un sistema de apoyo que les brinde alternativas de desarrollo y protección.
Las autoridades locales han reforzado sus esfuerzos para identificar y desmantelar estos grupos, realizando operativos en diferentes zonas de la Ciudad de México. Sin embargo, la presencia de menores en las pandillas complica las acciones policiales, ya que se requiere un enfoque que combine la seguridad con la protección de los derechos de los niños. La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajan en protocolos específicos para atender estos casos, garantizando la integridad física y emocional de los menores involucrados.
Por su parte, organizaciones civiles han urgido a las autoridades a fortalecer los programas de prevención y atención integral. La intervención temprana, la rehabilitación y la reintegración social de los menores en situación de riesgo son fundamentales para evitar que estas situaciones se perpetúen. También se insiste en la necesidad de fortalecer la participación comunitaria y el acceso a la educación para reducir la vulnerabilidad de los niños y adolescentes ante la influencia de grupos delictivos.
En algunos casos, las investigaciones han evidenciado que los menores participan en actividades delictivas por presión de las propias pandillas, en busca de protección o por necesidad económica. La detección temprana y la atención especializada son claves para evitar que estos jóvenes caigan en un ciclo de violencia y delincuencia que puede marcarles toda su vida.
Las autoridades coinciden en que combatir esta problemática requiere un esfuerzo conjunto entre instituciones de seguridad, sistemas de justicia, organizaciones sociales y familias. La protección de los derechos de la infancia debe ser prioritaria, además de implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales del reclutamiento infantil en pandillas. Solo mediante una estrategia integral será posible reducir la presencia de menores en actividades delictivas y ofrecerles un camino hacia la reintegración social.
