La participación infantil en casos penales revela riesgos de revictimización y la necesidad de proteger su bienestar emocional y derechos.
La participación de menores de edad en investigaciones y audiencias penales expone una delicada tensión entre la búsqueda de justicia y la protección de su integridad emocional. Cuando los niños son llamados a declarar en salas de juzgado, enfrentan una experiencia que puede reabrir heridas y generar nuevos daños, debido a la forma en que estos procesos se llevan a cabo en nuestro país.
En México, los menores suelen actuar como testigos de eventos delictivos, en ocasiones como víctimas directas de delitos graves como abuso sexual, violencia familiar o feminicidios. Sin embargo, las condiciones en las que son interrogados muchas veces vulneran derechos esenciales, en ambientes que carecen de privacidad y en formatos que no consideran su desarrollo psicológico. Esto suele derivar en declaraciones inconsistentes, testimonios debilitados y una revictimización que afecta profundamente su bienestar emocional y su confianza en el sistema de justicia.
A nivel legal, aunque la normativa reconoce el interés superior del niño, en la práctica persisten omisiones que no aseguran la protección efectiva de su sensibilidad durante el proceso penal. La repetición de entrevistas por distintos procedimientos y la falta de capacitación especializada para los profesionales encargados de estos interrogatorios hacen que los menores vivan nuevamente el trauma de la experiencia, en un entorno que muchas veces resulta hostil y desconcertante.
La importancia de abordar esta problemática radica en que, en muchos casos, los testimonios infantiles son la clave para resolver delitos complejos, pero su calidad y veracidad dependen enormemente de un trato respetuoso y sensible. Sin embargo, los procedimientos excesivamente inquisitorios, la incredulidad de los adultos y el entorno hostil dificultan la obtención de información confiable, a la vez que predisponen a los menores a nuevas formas de daño psicológico.
Como contexto adicional, la recurrencia de estos problemas refleja la necesidad de fortalecer las capacidades de los operadores judiciales y adoptar protocolos específicos que garanticen el menor como sujeto de derechos, no solo como testigo o víctima. La sensibilización y capacitación en psicología infantil y derechos humanos deben ser prioritarias en el sistema judicial para evitar que la búsqueda de justicia sacrifique la protección del menor.
La implementación de prácticas que prioricen el interés superior del niño es fundamental para garantizar procesos judiciales que no sean solo eficaces en el papel, sino también respetuosos y humanitarios en la realidad. Solo así se podrá reducir la revictimización y fortalecer la confianza en el sistema judicial, especialmente en temas tan delicados y sensibles como la justicia infantil.