Un repaso a la historia del asesinato del agente de la DEA y las implicaciones de la participación de la CIA en México y Centroamérica
A 40 años del asesinato de su agente más destacado, Enrique ‘Kiki’ Camarena, la DEA, Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, realizó una ceremonia para entregar a Rafael Caro Quintero como una señal de que no abandonan a sus integrantes y que los responsables serán perseguidos y castigados.
Este acto simbólico consistió en que el exagente Steve Paris fue enviado a San Diego, California, para encontrarse con el hijo del mártir, también llamado Enrique, quien creció con un estilo de vida ejemplar estadounidense hasta llegar a ser juez. A él le entregaron las esposas que pertenecieron a su padre cuando estuvo en servicio.
Luego, Paris llevó esas esposas a Nueva York para que se las colocaran a Caro Quintero, de 72 años, y así presentarlo ante un juez el 27 de febrero de 2025, en una sala repleta con más de 100 miembros de la DEA. Esto fue una demostración contundente de que la justicia puede tardar, pero llegará con toda su fuerza.
Las esposas de Kiki Camarena se usaron en el proceso contra Caro Quintero | Especial ampliar
La próxima audiencia de Caro Quintero está programada para el 25 de junio, fecha en la que los fiscales del caso deberán decidir si solicitan la pena de muerte para el capo mexicano. Este tema ha generado controversia en ambos lados de la frontera, principalmente porque la justicia no llega a todos por igual.
Mientras el mexicano enfrenta su juicio en el norte, a mil 700 kilómetros al sur, Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, de origen cubano, quien se autodenomina “héroe de 100 batallas desconocidas” que libró en nombre de la CIA y presume haber cometido numerosos crímenes en la “guerra contra el comunismo”, vive una vejez tranquila en Miami. Allí, es presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos y fundador de la Biblioteca y Museo de Bahía de Cochinos.
Este hombre ha sido señalado por varios testigos como “el cubano”, también conocido como “Max Gómez”, que participó en el interrogatorio, tortura y asesinato de ‘Kiki’ Camarena. Además, encabezaba una extensa campaña clandestina e ilegal de la CIA en México y Centroamérica, relacionada con tráfico de drogas y armas, así como entrenamiento de grupos armados que buscaban derrocar militarmente al gobierno sandinista de Nicaragua.
La impunidad de Rodríguez Mendigutia refleja la protección que muchos otros individuos, tanto mexicanos como estadounidenses, han tenido en relación con el asesinato de Camarena, incluyendo funcionarios que incluso alcanzaron los niveles más altos del poder.
Por su parte, la DEA decidió proteger sus propias investigaciones en torno al homicidio, alejando a los agentes que más habían avanzado en las pesquisas y que actualmente denuncian la existencia de una trama de complicidades que permanece oculta.
Para Estados Unidos, mantener en secreto una parte de las operaciones antinicaragüenses es considerado un asunto de seguridad nacional. Una porción de esas acciones fue conocida e incluso juzgada, como en el caso de Oliver North, un ‘marine’ y teniente coronel que en tiempos de Ronald Reagan dirigió una operación encubierta de venta de armas y financiamiento de la contrainsurgencia. North asumió toda la responsabilidad y es considerado un héroe, recibiendo un trato muy favorable.
El nombre mismo de ese escándalo, “Irán-Contras”, revela la intención de que la percepción pública solo se quede con la idea de que involucró a personas y territorios lejanos, mediante la venta ilegal de armas a Irán para financiar a los grupos contrarrevolucionarios.
La CIA también estuvo involucrada en la venta de coca a comunidades afroestadounidenses en Estados Unidos. En 1984 y 1985, barrios de población negra en California recibieron grandes cantidades de cocaína de contrabando, coordinado por la CIA, con el fin de financiar actividades prohibidas de la misma agencia. Sabían que si esto se descubría, generaría un rechazo popular muy fuerte, como finalmente ocurrió.
Por ello, los gobiernos oficiales solo reconocen la parte iraní del escándalo y responsabilizan a un militar díscolo, Oliver North, en tanto que la participación de las drogas y las altas autoridades mexicanas, incluyendo al presidente Miguel de la Madrid Hurtado y a los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, se mantiene como una fantasía.
Ante esto, se asesinaron a quienes descubrieron esas operaciones o estaban en sus pistas, como Enrique ‘Kiki’ Camarena, los periodistas Manuel Buendía y Javier Juárez Vázquez; además, se hostigó y desacreditó a reporteros estadounidenses de la agencia Associated Press, Robert Parry y Brian Barger, así como a Gary Webb del ‘San José Mercury News’, a quien incluso empujaron al suicidio.
La muerte de Webb fue oficialmente declarada como suicidio | Especial ampliar
El tráfico de cocaína a través de México representaba otra fuente de recursos. A principios de los años ochenta, Estados Unidos aún recordaba la derrota en Vietnam y, aunque Reagan describía a Nicaragua como una “base soviética” y consideraba a los sandinistas como una “amenaza para la seguridad del hemisferio”, el Congreso controlado por los demócratas prohibió muchas de sus iniciativas por temor a una guerra mayor en Centroamérica.
Se descubrió que Oliver North, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, organizó una gran operación de financiamiento, entrenamiento y apoyo logístico para los “contras”, incluyendo ataques encubiertos como el minado de puertos nicaragüenses en 1984. Todo esto fue pagado en parte con armas vendidas ilegalmente a Irán.
A pesar de ser condenado por tres cargos, Oliver North nunca pisó prisión. En un juicio de gran impacto mediático, asumió la responsabilidad de las maniobras y fue encontrado culpable solo de obstrucción de la justicia, falso testimonio y aceptación de gratificación ilegal. Recibió una sentencia de tres años de libertad condicional, una multa de 150 mil dólares y 120 horas de servicio comunitario, aunque nunca cumplió con estas penas.
Las condenas fueron anuladas posteriormente por un tribunal de apelaciones por tecnicismos legales. Sin embargo, lo que no se reveló ante el jurado fue la otra fuente de financiamiento de los contras: el tráfico de cocaína hacia California. Las redes logísticas que enviaban armas a Honduras y Costa Rica también regresaban con droga hacia Estados Unidos, distribuidas por narcotraficantes nicaragüenses como Norwin Meneses y Danilo Blandón.
Estos datos provinieron de testimonios de agentes y espías de la DEA y la CIA que participaron en las operaciones y que las hicieron públicas. Según sus declaraciones, el gobierno de Miguel de la Madrid permitía que México fuera usado como ruta para estas operaciones, incluyendo un rancho en Veracruz, propiedad de Rafael Caro Quintero, donde aterrizaban aeronaves clandestinas y funcionaba como área de entrenamiento militar, protegido por agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Héctor Berrellez, el agente de la DEA que investigó el asesinato de Camarena, Phil Jordan, director del El Paso Intelligence Center, y Tosh Plumlee, piloto de la CIA, han corroborado estos hechos.
El periodista Manuel Buendía y la ‘Contra’ en Veracruz
La DFS, fundada en 1947 siguiendo el modelo del FBI, fue una policía secreta temida, involucrada en narcotráfico y en la guerra sucia del régimen priísta en México. Cometió numerosos actos de tortura, asesinatos y desapariciones de activistas sociales y de izquierda.
Sus miembros, con privilegios de acceso a lugares y personas, estaban vinculados tanto con políticos y empresarios influyentes como con capos del crimen organizado, como los del Cártel de Guadalajara: Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo.
En 1993, la sentencia contra José Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS, condenó por 35 años de prisión que ordenó en 1984 el asesinato del periodista Manuel Buendía, con la intención de evitar que revelara vínculos con estos grupos delincuenciales. El ejecutor, Juan Rafael Moro Ávila, recibió 18 años de cárcel.
El escándalo por la participación de la DFS en la muerte de Camarena y de Buendía llevó a Manuel Bartlett, entonces responsable de la dependencia, a ordenar su disolución en 1985.
Manuel Buendía fue un periodista mexicano conocido por su columna ‘Red Privada’ | Especial ampliar
Bartlett no acepta responsabilidad por estos crímenes, ni por el asesinato de Camarena. En septiembre de 2024, tras la publicación de un memorando diplomático estadounidense de 1986 que sugería su posible implicación en actividades
