Economistas advierten que seguir aumentando el salario mínimo podría afectar la formalidad laboral, la inflación y la competitividad en el país.
El crecimiento del salario mínimo en México está alcanzando límites que podrían tener repercusiones negativas en diferentes aspectos económicos, según análisis recientes. A pesar de que el país ha logrado reducir los niveles de pobreza a su menor nivel en registros históricos, la progresión en el aumento salarial enfrenta obstáculos en ciertas regiones, especialmente en la frontera norte, donde el salario mínimo ya cubre aproximadamente 2.5 canastas básicas de consumo. En estos contextos, los incrementos adicionales podrían desencadenar presiones sobre la creación de empleos formales, incrementar la inflación y reducir la rentabilidad de las empresas.
La relación entre costo laboral y productividad es preocupante. Desde 2018, la productividad laboral en México ha retornado a niveles similares a los de hace cinco años, mientras que la informalidad continúa siendo un desafío, afectando a más de la mitad de la fuerza laboral. Esto se traduce en que aumentar los salarios sin una mejora en la eficiencia puede favorecer la expansión de la economía informal, particularmente en microempresas y sectores vulnerables, que además enfrentan restricciones de financiamiento. El encarecimiento laboral también puede elevar los precios de los servicios, contribuyendo a una inflación que en algunos segmentos ya supera el 4.5%.
Expertos señalan que un incremento salarial mayor al previsto podría fomentar la automatización y reducir la competitividad de las empresas mexicanas en comparación con otros países. Además, los costos laborales más altos tendrían que reflejarse en los precios al consumidor, generando una presión adicional sobre la inflación y el poder adquisitivo. La orientación del gobierno a favor de incrementos importantes en el salario mínimo, con la intención de que supere la inflación, debe equilibrarse con estrategias que no afecten la economía formal ni la inversión.
Por ello, organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza proponen un aumento diferenciado para 2026: un incremento del 16% en el salario mínimo general, con un ajuste menor en la frontera norte, buscando reducir desigualdades y mantener la competitividad. La discusión sobre el aumento salarial continúa en un contexto en el que el equilibrio entre progreso social y estabilidad económica es fundamental para evitar efectos adversos en la creación de empleo y la inversión productiva.