La reciente reforma, aprobada sin consenso, amenaza la continuidad y gestión del agua en el campo mexicano, agravando la crisis hídrica.
En un contexto donde el 60% de los municipios y sus zonas agrícolas enfrentan escasez de agua, y 15 estados del país reportan entre 80% y 100% de su territorio en sequía, la aprobación de la nueva Ley General de Aguas por parte del Congreso de México ha generado alarma en el sector agrícola. La legislación, impulsada por Morena y sus aliados, fue desarrollada y aprobada en un proceso acelerado, sin consultar a productores ni expertos en recursos hídricos.
Uno de los cambios más polémicos es que el derecho de agua dejará de transmitirse automáticamente con la tierra, poniendo en riesgo la estabilidad de las parcelas rurales. Antes, la transferencia de un inmueble incluía el derecho de uso del recurso, pero ahora, su reasignación dependerá de decisiones discrecionales por parte de las autoridades federales. Esto podría disminuir el valor de las propiedades rurales, afectar su productividad y complicar procesos heredables, generando incertidumbre para las familias campesinas.
Además, aspectos cotidianos como reparar bordos, limpiar tomas o usar agua para el ganado ahora requerirían permisos adicionales, complicando operaciones habituales que antes se realizaban sin trámites. La centralización del control en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sin un aumento proporcional en recursos para infraestructura, limita la capacidad del Estado para atender de forma efectiva la crisis hídrica y deteriora la autonomía de las comunidades rurales.
Este panorama evidencia cómo la reforma, al concentrar decisiones y aumentar la burocracia, puede profundizar los desafíos existentes en el campo mexicano, poniendo en riesgo la producción agrícola, la seguridad alimentaria y el bienestar de millones de familias. La vulnerabilidad del sector ante la sequía y la falta de apoyos adecuados requiere soluciones integrales y participación desde las comunidades, no medidas que amplifiquen la incertidumbre y la dependencia del gobierno.
Contextualizando, la gestión del recurso hídrico en México ha sido un tema crítico por décadas, con avances y retrocesos que reflejan la complejidad de equilibrar desarrollo, conservación y derechos sociales. La adopción de leyes que limitan la autonomía local puede agravar las tensiones en un escenario donde el cambio climático intensifica las sequías y reduce la disponibilidad de agua, poniendo en jaque la sustentabilidad del campo nacional.