La justicia federal absuelve al exsecuestrador, destacando irregularidades en su proceso y vinculando su caso a un montaje mediático y político
Israel Vallarta Cisneros, acusado de secuestro junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, fue liberado este viernes después de casi veinte años en prisión sin sentencia. La decisión fue tomada por un juzgado federal en el Estado de México, tras determinar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
El exsecuestrador, de 55 años, dejó el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez en la mañana, en medio de declaraciones que reflejaban su estado emocional. Vallarta expresó que la juventud y el tiempo se le habían escapado, al igual que sus padres y su hermano, quienes ya no podía recuperar. En sus primeras declaraciones tras la libertad, señaló que, aunque presenta algunas afecciones de salud, confiaba en que con los cuidados adecuados podría recuperar parte de lo que había perdido.
Asimismo, manifestó que su principal objetivo era recuperar la verdad y buscar justicia, no solo para él, sino para otras personas que, dijo, fueron víctimas de mentiras y manipulaciones por parte de las autoridades y algunos actores involucrados en su proceso. Durante su paso por la cárcel, permaneció casi 20 años sin una sentencia definitiva, lo que generó una serie de críticas por las irregularidades en su proceso judicial.
La jueza Mariana Vieyra Valdés, responsable del fallo, explicó que no había pruebas suficientes para sostener la acusación en su contra, y que la sentencia absolutoria era resultado de la revisión de todas las evidencias. Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 en un operativo que posteriormente se comprobó fue un montaje mediático dirigido por Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación y actualmente preso en Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordaron el caso, señalando que la detención de Vallarta fue producto de un operativo irregular, manipulado en un montaje televisivo encabezado por García Luna. La mandataria resaltó que el operativo fue recreado y que las detenciones se realizaron un día antes, lo cual afectó la validez del proceso judicial.
Sheinbaum vinculó directamente a García Luna, actualmente en prisión en Estados Unidos, con el operativo y con el contexto del sexenio de Felipe Calderón, en el cual, dijo, se desató una guerra contra el narcotráfico marcada por abusos y violaciones a derechos humanos. La mandataria también afirmó que, si bien respeta el trabajo de la Fiscalía General de la República, la detención de Vallarta estuvo marcada por tortura y otros abusos, aspectos que podrían ser reparados a través de un juicio por reparación del daño, según lo establecido por la Ley General de Víctimas.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez confirmó que Vallarta fue liberado tras la emisión de una sentencia absolutoria por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México. La funcionaria precisó que Vallarta permaneció en prisión desde diciembre de 2005, acusado por su presunta participación en una banda de secuestradores y por delitos relacionados con delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.
Rodríguez detalló que el proceso penal fue complejo y estuvo marcado por múltiples recursos legales, incluyendo al menos 10 apelaciones, seis juicios de amparo, siete recursos de revisión y tres quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, recordó que en junio de 2022, el Comité contra la Tortura de la ONU emitió un comunicado en el que solicitó al Estado mexicano atender irregularidades en su caso.
El caso de Vallarta ha sido símbolo de las fallas del sistema judicial en México, en particular por las irregularidades en las investigaciones, el uso excesivo de la prisión preventiva y las denuncias de tortura. La detención en vivo en 2005, junto con Florence Cassez, fue posteriormente reconocida como un montaje, lo que generó una serie de críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
Florence Cassez fue liberada en 2013 tras comprobarse violaciones al debido proceso, pero Vallarta permaneció en prisión sin ser sentenciado hasta ahora. Organismos internacionales y nacionales han documentado graves violaciones a sus derechos, incluyendo testimonios de tortura y cateos ilegales, así como recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no fueron plenamente atendidas.
La Fiscalía General de la República afirmó que Vallarta enfrentaba seis procesos independientes por secuestro y que en uno de ellos fue detenido en flagrancia. La dependencia aseguró que las pruebas presentadas eran suficientes, y que la prolongación del proceso se debió a acciones de la defensa. El expresidente Andrés Manuel López Obrador también expresó en varias ocasiones que el caso representaba un ejemplo extremo de injusticia y que, de haber podido, habría otorgado un indulto, aunque constitucionalmente no era posible sin una sentencia definitiva.
El camino hacia su libertad se inició en julio de 2025, cuando un Tribunal Colegiado ordenó revisar su situación jurídica y la medida cautelar de prisión preventiva, considerando las acusaciones de tortura y el tiempo sin sentencia. La revisión llevó a la emisión de la sentencia absolutoria y a su liberación definitiva en la fecha. La última audiencia del proceso se realizó en enero de 2025, y la resolución final marca un hito en la historia judicial del país, poniendo en evidencia las fallas del sistema y la necesidad de reformas profundas.
Este caso revela las graves fallas del sistema judicial mexicano, incluyendo el uso de montajes mediáticos, la tortura y las violaciones procesales que han afectado la vida de muchas personas inocentes. La absolución de Israel Vallarta tras casi 20 años sin sentencia representa un llamado a la reflexión sobre la justicia, los derechos humanos y la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia en México.
