La justicia ordena su liberación definitiva tras casi dos décadas sin sentencia y tras revisión de su caso por amparo y recomendaciones internacionales.
Israel Vallarta Cisneros fue puesto en libertad después de pasar casi 20 años en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia condenatoria. La decisión fue dictada por la Jueza Federal Mariana Vieyra Valdez, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, quien consideró que no se acreditó su responsabilidad penal en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
La noticia fue dada a conocer por la esposa de Vallarta, María Sainz, a través de su cuenta oficial en la plataforma X. En ella, compartió imágenes de manifestaciones en apoyo a su esposo y del fiscal general Alejandro Gertz Manero. La publicación expresa la satisfacción por la resolución judicial y solicita la atención de los medios para informar sobre la situación de Vallarta.
“Por fin!! Israel Vallarta Libre Ya acaban de notificar sentencia absolutoria, atención a medios de comunicación vamos por Israel Vallarta Libre Ya,” escribió Sainz en su cuenta, evidenciando la emoción y la esperanza generada por la resolución judicial.
La liberación de Vallarta se produce después de que, en julio de 2025, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito emitiera un amparo que ordenó revisar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre él. El tribunal reconoció que la Fiscalía había desestimado indebidamente una solicitud de la defensa para modificar dicha medida, atendiendo las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Estas recomendaciones urgían la aplicación de medidas alternativas, dada la condición de deterioro en la salud de Vallarta, quien había estado en prisión preventiva desde su detención en diciembre de 2005.
El caso Vallarta se remonta a diciembre de 2005, cuando fue detenido en un operativo que también involucró a la ciudadana francesa Florence Cassez. La operación, inicialmente presentada como una captura en cumplimiento de órdenes judiciales, posteriormente fue revelada como un montaje televisivo organizado por la extinta Agencia Federal de Investigación, bajo el mando de Genaro García Luna. La manipulación mediática y la utilización de pruebas ilícitas marcaron el proceso judicial en su contra, generando fuertes críticas nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos, uso de torturas y procedimientos ilegales.
Mientras Florence Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, Vallarta permaneció en prisión preventiva durante casi dos décadas. La comunidad nacional e internacional ha señalado que su proceso estuvo plagado de irregularidades, tortura y uso de pruebas obtenidas de manera ilícita, lo que ha sido documentado por diversos organismos de derechos humanos.
Tras su liberación del penal de máxima seguridad El Altiplano, Vallarta anunció su intención de iniciar un proceso para solicitar reparación del daño conforme a la Ley General de Víctimas. La resolución judicial y las recomendaciones internacionales parecen haber sentado un precedente en la defensa de derechos y en la revisión de casos judiciales con irregularidades graves.
El caso Vallarta, considerado emblemático en la lucha contra las injusticias del sistema judicial mexicano, refleja las fallas estructurales y la necesidad de una mayor protección de los derechos humanos en el país. La justicia finalmente reconoció que su detención y proceso no estaban fundamentados en pruebas sólidas, permitiendo su salida en libertad y abriendo la puerta a posibles acciones para la reparación del daño causado.
