El caso de Vallarta revela las irregularidades del sistema judicial mexicano y la influencia de García Luna en el sexenio de Calderón
Israel Vallarta Cisneros fue puesto en libertad este viernes 1 de agosto de 2025, después de permanecer casi 20 años en el penal del Altiplano sin haber recibido una sentencia condenatoria definitiva. La jueza Mariana Vieyra Valdez dictó una sentencia absolutoria, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad penal en delitos como secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, en un operativo realizado por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), junto a su pareja en ese momento, la ciudadana francesa Florence Cassez. La operación fue ejecutada por las autoridades en un contexto donde la AFI, dirigida por Genaro García Luna, coordinaba la captura. García Luna posteriormente se convertiría en secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón.
El montaje televisivo de la detención de Vallarta y Cassez fue ampliamente difundido y criticado por su carácter manipulado. La captura fue presentada en vivo como si fuera un operativo en tiempo real, pero en realidad se trató de una recreación coordinada por la AFI para exhibir un supuesto éxito policial. Las imágenes mostraban a Vallarta visiblemente golpeado, esposado y forzado a hablar ante las cámaras, cuando en realidad fue aprehendido un día antes y la operación fue orquestada para fines mediáticos.
Este montaje y las irregularidades del proceso judicial contaminado marcaron un hito en la historia del sistema de justicia mexicano. La política de manipulación mediática fue respaldada por García Luna, quien en ese momento lideraba la AFI. Lejos de enfrentar consecuencias, fue promovido por Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública al inicio de su sexenio, en 2006. Durante su gestión, García Luna fue señalado en múltiples ocasiones por manipular procesos judiciales, fabricar culpables y emplear métodos ilegales para aparentar resultados en la lucha contra el narcotráfico.
En 2019, García Luna fue detenido en Estados Unidos y, en 2024, declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. Su trayectoria refleja cómo un funcionario cuestionado por sus acciones en montajes y violaciones a los derechos humanos fue respaldado y protegido por el expresidente Calderón, quien nunca rindió cuentas por su apoyo a García Luna. La cercanía entre ambos y la permanencia de García Luna en el cargo durante todo el sexenio refuerzan las acusaciones sobre el conocimiento y aval del entonces mandatario en las irregularidades del sistema.
Por su parte, Florence Cassez fue condenada en 2007 a 96 años de prisión, cifra que posteriormente fue reducida a 60. Su caso despertó atención internacional, especialmente del gobierno francés, que exigió su liberación. El presidente Nicolas Sarkozy presionó a México, generando un conflicto diplomático. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el montaje televisivo y otras violaciones al debido proceso contaminaban su juicio, por lo que ordenó su liberación inmediata.
Cassez regresó a Francia ese mismo día, en un caso que contrastó con la larga prisión de Vallarta.
Mientras tanto, Israel Vallarta permaneció en prisión sin sentencia durante más de 19 años, enfrentando procesos viciados y violaciones a sus derechos. Se documentó que sufrió condiciones inhumanas en el penal del Altiplano, incluyendo tortura, golpes, mantenimiento desnudo y sin luz durante semanas. Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité contra la Tortura de la ONU respaldaron su caso, evidenciando las fallas del sistema judicial y las prácticas abusivas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la liberación de Vallarta señalando que su caso representa una herencia de los excesos cometidos en el sexenio de Felipe Calderón. En su conferencia matutina, recordó que la detención fue resultado de un montaje coordinado por García Luna, quien supuestamente se había aliado con grupos delictivos mientras pretendía combatarlos. La mandataria afirmó que Vallarta tiene derecho a solicitar reparación por el daño causado durante su injusto encarcelamiento.
El caso de Vallarta también evidenció prácticas de tortura y violaciones al debido proceso, pues en varias ocasiones fue sometido a condiciones inhumanas, incluyendo golpes, tortura y aislamiento prolongado. Su salud se deterioró, y su defensa enfrentó un sistema que se resistía a reconocer las irregularidades. La lucha por su justicia fue respaldada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, que denunciaron prácticas sistemáticas de abuso policial y corrupción.
Felipe Calderón, por su parte, nunca fue llamado a rendir cuentas por su respaldo a García Luna, a pesar de las múltiples acusaciones y escándalos que marcaron su mandato. Tras la condena de García Luna en Estados Unidos, Calderón defendió su gestión y minimizó las acusaciones. La permanencia de García Luna en el cargo durante todo su sexenio, a pesar de las evidencias, revela un respaldo institucional que permitió que las irregularidades continuaran impunes.
El caso de Israel Vallarta ha sido retratado en libros, documentales y series como “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”. Finalmente, tras dos décadas, Vallarta salió en libertad tras la imposibilidad de la Fiscalía de presentar pruebas suficientes en su contra. Su historia refleja las fallas del sistema judicial mexicano, la corrupción policial y el abuso de poder que caracterizaron la administración del sexenio calderonista.
