A pesar del superávit fiscal y el dólar “atrasado”, los precios continúan en alza, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos.
En noviembre de 2023, la inflación mensual en Argentina alcanzó un 2,5%, marcando su nivel más alto desde abril del mismo año. Este incremento refleja las dificultades persistentes de la economía local para reducir la subida de precios, incluso en un contexto de superávit fiscal y un tipo de cambio que, según expertos, se encuentra “atrasado”. La tendencia inflacionaria ha sido sostenida durante más de medio año, con tasas del 1,5% en mayo y junio, y posteriormente ascendiendo progresivamente hasta superar el 2% en septiembre.
Los sectores que más contribuyeron al aumento de precios en noviembre fueron vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, con un incremento del 3,4%. Transporte y alimentos, en tanto, experimentaron subas cercanas al 3%. La escalada en alimentos impacta especialmente a las familias de menores ingresos, ya que los precios de productos básicos crecen a ritmos superiores al promedio general, agravando la situación de vulnerabilidad social en medio de los aumentos en tarifas y combustibles.
El aumento en el costo de la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, fue del 4,1%, su mayor salto en nueve meses. La inflación núcleo, que excluye elementos estacionales y regulados, subió un 2,6% en el mes, señalando una aceleración en la base del proceso inflacionario y alertando sobre posibles rondas de aumentos de precios que podrían consolidar la tendencia alcista.
Expertos señalan que las restricciones estructurales en la economía argentina, similar a experiencias pasadas en Chile, dificultan la desinflación sostenida. La combinación de rigideces en costos y demanda, junto con la persistencia de altos niveles de indexación de precios, mantiene el desafío para las autoridades en su intento de controlar la inflación y estabilizar la economía a largo plazo.
En este contexto, la región continúa enfrentando un escenario donde las políticas económicas deben equilibrar el control de precios con reformas estructurales que permitan reducir la inercia inflacionaria y mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. La situación requiere atención a las tendencias de fondo que, si no son abordadas, pueden prolongar la crisis de precios en el país.