El Consejo General del INE discutirá sanciones económicas relacionadas con gastos indebidos en campañas judiciales a nivel nacional, incluyendo multas específicas para candidaturas beneficiadas por los acordeones y una investigación contra Morena por propaganda en bardas.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene previsto debatir este lunes la imposición de sanciones por un monto total de 17.8 millones de pesos debido a irregularidades detectadas en los gastos relacionados con campañas judiciales en todo el país. Además de estas multas colectivas, se contemplan sanciones personalizadas para las candidaturas beneficiadas por las llamadas “acordeones”, y también se ordenará una investigación adicional en contra de Morena por haberse involucrado en el proceso con bardas en las que vinculó la elección con el proceso de afiliación al partido.
El último proyecto aprobado en la Comisión de Fiscalización señala que las multas suman siete millones 962 mil 680 pesos para las elecciones judiciales locales, mientras que las sanciones por las elecciones judiciales federales ascienden a nueve millones 894 mil 206 pesos. Estas cifras reflejan los gastos irregulares detectados en diferentes procesos a nivel nacional, en los que se identificaron diversos tipos de incumplimientos en la rendición de cuentas.
Se recomienda que el INE multará a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por trampas en campañas judiciales, dado que las irregularidades detectadas en candidaturas para la elección de ministros y ministras de la SCJN alcanzan una multa total de 2.1 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 970 mil 961.48 pesos corresponden a las sanciones para quienes resultaron electos y serán ministros o ministras.
De la integración reciente, el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar, es el único que no tuvo irregularidades en su campaña, por lo que no enfrentará sanciones de este tipo. En contraste, la ministra Yasmín Esquivel fue la que más inconsistencias presentó en su proceso, con una multa de 547 mil 823.88 pesos. Sin embargo, se le aplicará un descuento de 452 mil 333.72 pesos, debido a que supuestamente su capacidad económica no le permitiría pagar la multa completa, por lo que únicamente abonará 95 mil 490.16 pesos.
Entre las irregularidades detectadas en su campaña se encuentran egresos en rubros prohibidos, como pautas en redes sociales, mantas y banners en eventos, además de pagos en efectivo para pasajes terrestres y aéreos sin comprobantes de gastos. También se omitió el uso de una cuenta bancaria exclusiva para la gestión de recursos de la campaña, y no reportó gastos relacionados con la producción y edición de un video, además de informar de manera extemporánea un evento de campaña.
La sanción más significativa, que supera los 500 mil pesos, se debe a la aportación de una persona impedida que realizó publicidad pagada en páginas de internet por un monto de 379 mil 677.42 pesos. También se prevé que el Consejo General ordene un procedimiento oficioso adicional en su contra, tras detectar propaganda prohibida de Yasmín Esquivel en sobres con boletos de autobús Estrella Blanca.
El segundo ministro electo con la multa más elevada es Arístides Guerrero, a quien se le atribuyen irregularidades que justifican una sanción de 270 mil 744.02 pesos. No obstante, también se le aplicará un descuento de más de 230 mil pesos, por lo que su pago final será de 40 mil 277.84 pesos. La multa más alta en su caso se debe a ingresos prohibidos por 190 mil pesos.
Por su parte, la tercera ministra más sancionada, Lenia Batres, afrontará una multa de 81 mil 8.24 pesos, aunque con un descuento pagará aproximadamente 44 mil 690.30 pesos. Todas estas cantidades corresponden a irregularidades detectadas en su campaña, incluyendo egresos y ingresos no reportados, y gastos no justificados.
El resto de la nueva integración del tribunal también presenta irregularidades similares, aunque ninguna de estas candidaturas recibirá descuentos. La ministra Loretta Ortiz será multada con 52 mil 270.68 pesos; María Estela Ríos, con 4 mil 978.16 pesos; Irving Espinoza, con 3 mil 620.48 pesos; y Giovanni Azael Figueroa, con 2 mil 489.08 pesos.
Respecto a las candidaturas que no lograron el triunfo, pero también presentaron múltiples irregularidades, sus multas iniciales son elevadas y algunas serán sujetas a descuentos, como en el caso de Ángel Mario García Guerra, con una multa original de 424 mil 953.84 pesos, que se reducirá a 85 mil 533.84 pesos tras los descuentos.
Asimismo, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, cuya multa original era de 151 mil 833.88 pesos, disminuirá a 84 mil 741.86 pesos, y Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, de 150 mil 136.78 pesos, pagará finalmente 62 mil 905.84 pesos. Todas estas cifras están sujetas a posibles cambios una vez que el Consejo General las apruebe, considerando recomendaciones o ajustes realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización en sus votaciones.
Se anticipa que algunas consejerías podrían solicitar modificaciones en los montos o rechazar ciertos ajustes, y en última instancia, las decisiones finales dependerán de la votación del pleno. En los últimos procesos, ha ocurrido que los cambios de última hora en los proyectos han modificado las cantidades inicialmente propuestas.
En otro aspecto relevante, el INE investigará al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena por propaganda indebida en bardas, relacionadas con la promoción de la elección judicial con los colores del partido y la invitación a afiliarse como militantes. Estas bardas estaban firmadas por Manuel Alejandro Robles, secretario de Mexicanos en el Exterior de Morena, y la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó en mayo que fueran despintadas en 24 horas, sin importar que la organización se hubiera deslindado de esa propaganda, por lo que se abrirá una investigación adicional que podría afectar las prerrogativas del partido.
El INE explicó que, dado que las bardas no promovían a ninguna candidatura específica, no hubo beneficio directo para alguna persona, por lo que la responsabilidad recae en el partido político. La fiscalización también monitoreó en redes sociales y en la vía pública, identificando propaganda en 13 mil 185 constancias distribuidas en plataformas como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube.
Además, las candidaturas a diferentes cargos realizaron en conjunto mil 404 eventos y concedieron 344 entrevistas a medios impresos. Las cifras preliminares de irregularidades muestran egresos, ingresos y eventos no reportados o no comprobados, principalmente en candidaturas relacionadas con la Suprema Corte. Las sanciones más altas corresponden a magistraturas de circuito, con una multa de 4.4 millones de pesos, y a candidaturas para ministros y ministras de la Suprema Corte, con multas por 1.1 millones de pesos.
También se multará a jueces y juezas de distrito, con una sanción de 971 mil pesos, y al Tribunal de Disciplina Judicial, con 470 mil pesos. Las candidaturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de México y de las Salas Regionales del tribunal recibirán multas de 129 mil y 186 mil pesos, respectivamente.
El Consejo General del INE también contempla sancionar a 118 candidaturas que aparecieron en los acordeones y que resultaron ganadoras en la elección judicial, por haber utilizado propaganda ilícita. Sin embargo, se prevén descuentos en estas multas, conforme a lo aprobado por la comisión.
Desde el pasado viernes, MILENIO informó que la Comisión de Fiscalización aprobó, por mayoría de votos, aplicar una sanción equivalente al 10 por ciento del tope de gastos de campaña, aunque ninguna candidatura pagará esa cantidad exacta. En el caso de la SCJN, donde la multa sería de 146 mil pesos, Loretta Ortiz sería sancionada con 127 mil 508.78 pesos, y Yasmín Esquivel con 95 mil 490.16 pesos, debido a su mejor posición económica.
Las otras ministras y ministros electos tendrán sanciones reducidas, en algunos casos, hasta en una tercera parte. Giovanni Azael Figueroa, por ejemplo, pagará aproximadamente 47 mil pesos; Lenia Batres, 44 mil pesos; Arístides Guerrero, 40 mil pesos; y las multas más bajas serán para Irving Espinosa y Hugo Aguilar, con 39 mil pesos.
Se espera que estas decisiones sean revisadas y aprobadas por el pleno del Consejo General, donde podrían solicitarse ajustes o rechazar algunos montos, dependiendo del análisis final y las recomendaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización.
