Durante siete meses, el gobierno mantiene los estímulos fiscales en cero, lo que impacta en los precios y la recaudación de fondos por combustibles.
El gobierno mexicano sostiene durante la semana del 8 al 14 de noviembre una medida que lleva más de siete meses en vigor: el impuesto máximo a los combustibles. Desde mediados de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido los estímulos fiscales en cero, permitiendo que los precios de la gasolina se mantengan en niveles elevados, en línea con el acuerdo de precios establecido con diversas gasolineras, especialmente en la Ciudad de México y otras regiones. El monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la gasolina Magna, que tiene menos de 91 octanos, se mantiene en aproximadamente 6.45 pesos por litro, sin estímulo. La gasolina Premium, de mayor octanaje, también soporta la cuota completa del impuesto, cercana a 5.45 pesos, igual que el diésel que se grava con aproximadamente 7.09 pesos. La eliminación de estímulos desde abril ha permitido al Estado maximizar la recaudación, aunque ha mantenido el encarecimiento para los consumidores. Este contexto se da en un escenario donde el gobierno de Claudia Sheinbaum ha acordado limitar el precio del litro de gasolina ‘verde’ en 24 pesos en varias regiones, en un esfuerzo por estabilizar los costos, con excepciones en zonas fronterizas como Ciudad Juárez debido a beneficios fiscales específicos. La dinámica de precios en las estaciones de servicio también está influida por costos logísticos y de producción, además de las políticas fiscales generales. El estímulo fiscal busca aliviar la carga del impuesto frente a las fluctuaciones del mercado petrolero, pero en este caso, su suspensión ha resultado en una recaudación más alta para las finanzas públicas, a la vez que mantiene elevados los precios para los consumidores.