La nueva política tarifaria prioriza la focalización, eliminando la universalidad de los subsidios para ajustarse a metas fiscales internacionales.
En un esfuerzo por cumplir con las metas fiscales acordadas con instituciones internacionales, el gobierno implementó cambios significativos en la política de subsidios a la electricidad y el gas natural. La decisión contempla reducir en aproximadamente un 75% los fondos destinados a estos subsidios, eliminando la segmentación tarifaria y adoptando un sistema focalizado que divide a los hogares según sus niveles de ingreso. Las familias con ingresos superiores a unas 3.500.000 pesos anuales perderán las bonificaciones, mientras que las que se mantienen por debajo de ese umbral seguirán recibiendo beneficios en sus facturas.
Este cambio refleja un desplazamiento del Estado hacia un modelo que prioriza la ayuda social dirigida, en contraste con la política pública universal que consideraba estos servicios como derechos garantizados. Además, se anticipan fuertes aumentos en las tarifas tras las elecciones, con reducciones del 50% en el consumo de electricidad, limitadas a ciertos bloques mensuales. Los análisis recientes revelan que las facturas de gas y electricidad se han disparado en los últimos años, con aumentos que alcanzan hasta un 992% en algunos sectores. La decisión responde también a la presión del Fondo Monetario Internacional, que exige reducir el gasto en subsidios ante la caída en la recaudación fiscal, la cual ha disminuido entre un 15% y un 20% interanual por una desaceleración económica y menor recaudación de impuestos.
Estas medidas buscan ajustarse a las metas fiscales, incluyendo un recorte del gasto en subsidios que proyecta alcanzar solo el 0.5% del PBI, en medio de un contexto de ajuste presupuestario que también afectará otros rubros como salarios y obras públicas. La realidad de una economía con baja recaudación y altos costos en asistencia social señala un escenario difícil para la política energética y social del país en los próximos años.