Medellín, Antioquia. – La Fiscalía de Colombia anunció la suspensión de las órdenes de captura contra 23 líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Esta decisión, parte de la estrategia de “paz urbana” del Gobierno de Gustavo Petro, permite que estos jefes actúen desde la cárcel de Itagüí.
El levantamiento de estas órdenes ha suscitado críticas por parte de diversos sectores. Alcaldes y gobernadores advierten que podría beneficiar a organizaciones criminales ya que muchos de los involucrados tienen un largo historial delictivo, incluyendo homicidios y narcotráfico. La medida se considera un riesgo en medio de la agenda electoral actual.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han señalado que esta decisión podría favorecer a las estructuras criminales al permitirles seguir operando. Gutiérrez enfatizó que es un agravio para las víctimas, mientras que Rendón expresó preocupaciones sobre la seguridad pública y la posibilidad de que estas organizaciones se fortalezcan.
La lista de los 23 cabecillas incluye a figuras de renombre en el crimen organizado, como alias Carlos Pesebre y Douglas. La resolución está fundamentada en la Ley 2272 de 2022, que establece un marco para la “Paz total”, permitiendo que estos líderes participen en diálogos sin el riesgo de nuevas capturas que afecten el proceso.
El objetivo gubernamental es lograr el sometimiento colectivo de bandas que, actualmente, controlan considerablemente la dinámica del crimen en la región. La suspensión de las órdenes busca facilitar la reintegración y el diálogo, a pesar de las fuertes críticas que enfrenta esta política.