La Fiscalía General de la República indaga delitos relacionados con el robo de combustibles y tráfico de drogas en puertos desde 2022, en un contexto de alta incidencia en seguridad y aduanas.
En los últimos cinco años, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado cinco carpetas de investigación vinculadas al robo de combustibles en instalaciones portuarias, principalmente durante el periodo de 2022 a agosto de 2025. Estas acciones se derivan de denuncias y reportes emitidos tras investigaciones coordinadas con la Secretaría de Marina, que ha detectado posibles actividades ilícitas relacionadas con el manejo y sustracción de hidrocarburos en zonas marítimas bajo su supervisión.
Paralelamente, las autoridades federales han ampliado su seguimiento al tráfico de drogas, específicamente al fentanilo, alcanzando un récord de decomisos en 2025. En ese año, se aseguraron más de mil 270 kilogramos de esa sustancia y más de un millón de pastillas, constatando la creciente organización del crimen en cadenas de producción y distribución. La mayoría de estos operativos se centraron en puertos del Océano Pacífico, donde los precursores químicos utilizados en la fabricación del fentanilo, como pseudoefedrina y NPP, son considerados piezas clave de una red criminal altamente estructurada. La Sedena ha reportado también el desmantelamiento de narcolaboratorios con alta capacidad instalada en estos lugares, además de la confiscación de moldes y marcas vinculadas a grupos delictivos.
A pesar de estos avances, la Fiscalía mantiene en reserva el estado procesal de las investigaciones abiertas, subrayando que continúan en curso. Estos golpes a la economía ilícita coinciden con un contexto en el que organismos fiscales y energéticos, como el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Reguladora de Energía, han detectado y alertado sobre irregularidades fiscales y aduaneras relacionadas con el huachicol fiscal. Desde 2021, estas instituciones han emitido más de 100 avisos y constancias a empresas y contribuyentes que mantienen movimientos atípicos y conexiones con redes delictivas, evidenciando que el combate contra estas actividades ilícitas aún enfrenta desafíos de organización y dispersión.
El incremento en las acciones de investigación y decomiso refleja el compromiso de las autoridades mexicanas por fortalecer la seguridad en puertos y prevenir el robo de combustibles y drogas. La colaboración interinstitucional resulta crucial en la lucha contra estos delitos, que amenazan tanto la economía como la seguridad nacional, resaltando la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y control en zonas estratégicas del país.
Además, estos hechos ilustran la escalada de una problemática que, pese a los esfuerzos, continúa siendo un desafío en la seguridad pública. La presencia de narcolaboratorios y la circulación de precursores químicos en puertos del Pacífico evidencian la sofisticación del crimen organizado, que busca aprovechar las vulnerabilidades en los controles aduaneros y portuarios para operar en la clandestinidad.
