La administración estatal realiza expropiaciones de predios en Campeche relacionados con el dirigente del PRI, en una medida que genera polémica política y jurídica.
El Gobierno de Campeche ha iniciado un proceso de expropiación de terrenos situados en el fraccionamiento Miramar, en la capital del estado, relacionados con personas cercanas al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La medida forma parte de una estrategia que combina la utilización de la ley de expropiación y nuevos antecedentes jurídicos, y busca destinar los predios a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, enfocada en la formación en salud y dirigida a jóvenes que desean cursar medicina en la región.
Desde hace meses, las autoridades estatales han señalado que varios terrenos en posesión de personajes vinculados a Moreno Cárdenas, incluido su madre y un arquitecto de su confianza, fueron adquiridos mediante prestanombres, con el fin de ocultar su verdadera propiedad. Los registros oficiales revelan que estos predios tienen un uso mixto, incluyendo áreas de deportes y recreación, y están rodeados por bardas y caminos internos que facilitan la conectividad entre las diferentes zonas.
La gobernadora Layda Sansores ha explicado que la expropiación se realiza bajo la recientemente aprobada Ley de Expropiación de Campeche, que considera la utilidad pública la creación de instituciones educativas y servicios públicos. Además, afirmó que el proceso se lleva a cabo en un contexto en que Moreno Cárdenas enfrenta varias acusaciones por adquiración irregular de bienes y posible uso ilícito de funciones públicas durante sus gobiernos anteriores, incluyendo una solicitud de desafuero.
La oposición y analistas políticos han criticado lo que consideran un acto de retaliación, mientras que en respuesta, ‘Alito’ Moreno afirmó que la medida es anticonstitucional y que se trata de una persecución política en su contra. La Fiscalía de Campeche también mantiene investigaciones abiertas por irregularidades en la compra de terrenos entre 2012 y 2015, que habrían sido realizadas en su etapa como diputado federal y gobernador del estado.
Este caso marca un precedente en la utilización de las leyes de expropiación en Campeche, en un escenario donde la lucha política y jurídica se agudiza, poniendo en evidencia las tensiones entre las administraciones estatales y los actores del sistema político nacional.