Abogan por fortalecer la autonomía y la representatividad en el proceso de modificación del sistema electoral
Un grupo de exconsejeros y exmagistrados del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por figuras como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés, ha realizado un llamado al diálogo nacional en torno a la próxima reforma electoral que impulsa la administración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La iniciativa fue comunicada a través de un pronunciamiento conjunto, en el que coincidieron en que cualquier cambio en el sistema electoral debe garantizar los más altos estándares de integridad y transparencia.
En el documento, los exfuncionarios subrayaron la importancia de construir una reforma que cuente con un “amplio consenso” entre las distintas instituciones, actores políticos, medios de comunicación y la sociedad civil. Enfatizaron que la participación de todos en el proceso democrático es fundamental para fortalecer la legitimidad y la representatividad del sistema electoral mexicano. “No solo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo las minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos”, señalaron.
Los exconsejeros y exmagistrados propusieron diversas medidas para mejorar el sistema electoral. Entre ellas, destacaron el fortalecimiento de los mecanismos de representación política, con el objetivo de corregir las “distorsiones” que han provocado esquemas de sub y sobrerrepresentación en ambas cámaras legislativas. Asimismo, manifestaron la necesidad de preservar la autonomía de los organismos electorales a nivel estatal y federal, garantizando que sus decisiones sean independientes y libres de presiones políticas.
Otra de las recomendaciones clave fue la designación de consejeros y magistrados electorales, basada en la experiencia, el conocimiento técnico y la imparcialidad de los candidatos. Insistieron en que estas posiciones deben ser asignadas por el Congreso de la Unión, y no mediante voto popular, para mantener la objetividad en los procesos de selección. Además, señalaron la importancia de contar con un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización, que permita garantizar campañas electorales justas y transparentes, además de erradicar prácticas como la compra y coacción del voto, así como el desvío de recursos públicos.
En relación con la estructura judicial, los firmantes expresaron que el Poder Judicial debe ser independiente y que la designación de jueces y magistrados se base en méritos y capacidades técnicas, sustentadas en una carrera judicial bien estructurada. También propusieron que la distribución de los escaños en los congresos se acerque más a los porcentajes de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas, promoviendo una representación más proporcional y justa.
Asimismo, consideraron que el Registro Federal de Electores, el padrón, los listados nominales y la Credencial para Votar con Fotografía deben mantenerse bajo la administración de la autoridad electoral competente. Para ello, defendieron la vigilancia y participación de las representaciones y técnicos de los partidos políticos, con el fin de preservar la imparcialidad y la integridad de estos recursos.
El pronunciamiento fue firmado por destacados académicos, exconsejeros y exmagistrados, entre ellos Beatriz Galindo, Alejandra Latapí, Ciro Murayama, Benito Nacif, Luis Carlos Ugalde, Jacqueline Peschard, Arturo Sánchez Gutiérrez, Lourdes López, Marco Baños, Andrés Albo y María del Carmen Alanis. Este grupo llamó a que las reformas electorales se construyan a partir del diálogo y el consenso, priorizando el fortalecimiento institucional y la participación democrática.
Por su parte, el gobierno federal aseguró el sábado 2 de agosto que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral elaborará un diagnóstico profundo del estado actual del sistema electoral y de los partidos políticos que lo conforman. Además, anunció que analizará aspectos como la representación popular y los mecanismos de participación ciudadana, con la intención de promover un sistema más equitativo, transparente y participativo.
La iniciativa busca sentar las bases para una transformación que considere las experiencias y demandas de todos los actores políticos y sociales, y que contribuya a consolidar una democracia más fuerte y pluralista en México. La expectativa es que los cambios propuestos fortalezcan la confianza en las instituciones electorales y garanticen procesos libres de coacciones y manipulación.
