Una investigación en curso reveló que al menos seis compañías que suministran combustibles y servicios a dependencias del Gobierno Federal están implicadas en una posible red de huachicol fiscal. Estos negocios mantienen contratos importantes con instituciones como Pemex, la Secretaría de Marina, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Comisión Nacional del Agua y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aunque operan en sectores estratégicos y de alta circulación, algunas de estas empresas han sido señaladas por irregularidades en la importación y distribución de hidrocarburos, generando sospechas acerca de su posible participación en actividades ilícitas.
Una de las firmas, Constructora y Perforadora Latina, ha trabajado con Pemex durante más de una década en el alquiler de plataformas de perforación. Otra, Galem Energy, está relacionada con el ingreso de combustibles a puertos mexicanos sin los permisos adecuados, lo que ha levantado alertas sobre posibles operaciones clandestinas. Además, una compañía que privilegió a la UNAM para suministrar combustible marino fue sancionada por incumplir la Ley de Hidrocarburos, mientras que Maquiladora de Lubricantes aparece en la causa penal por adquirir combustible mediante documentos falsificados, relacionados con redes ilícitas. La presencia de estas empresas en contratos oficiales evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva para evitar que actividades ilegales se consoliden en sectores estratégicos del país.
Este escenario refleja la complejidad de las redes de comercio ilegal de hidrocarburos en México, que han permeado en diversas instituciones públicas, poniendo en riesgo la seguridad energética y el orden legal del país. La investigación judicial continúa para determinar el alcance real de estas vinculaciones y reforzar las acciones de control y sanción contra las operaciones ilícitas.