A pesar de distintas reformas fiscales, la informalidad en el país permanece por encima del 50%, afectando la economía y la recaudación fiscal.
La informalidad laboral en México continúa siendo un desafío significativo para el crecimiento económico y la recaudación de impuestos. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 32 millones de personas trabajan en condiciones informales, representando aproximadamente el 54.3% de la fuerza laboral. A lo largo de las últimas décadas, múltiples esfuerzos por reducir este fenómeno han evidenciado resultados limitados, evidenciando una necesidad urgente de estrategias más efectivas.
Desde la década de 1990, el gobierno mexicano ha implementado diversas reformas fiscales y programas de simplificación tributaria, como el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), con la esperanza de incentivar la formalidad. Sin embargo, las cifras de recaudación y la expansión de la base de contribuyentes no han reflejado avances sustantivos. La evasión fiscal, sumada a las estructuras complejas y a la resistencia de ciertos sectores a formalizarse, mantiene a México por debajo del promedio de referencia de la OCDE, con una tasa de recaudación del 15% del Producto Interno Bruto, frente a un 34% en países similares.
Para enfrentar esta problemática, expertos sugieren una combinación de medidas como verificaciones físicas en comercios, facilidades administrativas y programas de incentivos fiscales para contribuyentes cumplidos. Además, se propone la identificación y apoyo específico a sectores de baja capacidad administrativa, fomentando una fiscalización más efectiva mediante el análisis de movimientos bancarios y registros en tiempo real. La voluntad política y la coordinación efectiva entre niveles de gobierno serán clave para lograr avances que permitan una economía más formal, sostenible y equitativa.