El debate en el Congreso gira en torno a restricciones en concesiones de agua, mientras productores advierten movilizaciones por cambios en la normativa.
El pasado miércoles, en un escenario marcado por tensiones, inició en el Congreso la discusión de la Ley de Aguas Nacionales, un marco legal que busca regular la transmisión y explotación del recurso hídrico en México. La iniciativa contempla restricciones en la transferencia de concesiones habitualmente utilizadas por productores agrícolas, generando rechazo y movilizaciones en diferentes regiones del país. Durante la sesión, legisladores revisaron cientos de artículos, incluyendo disposiciones que permitirán al Estado gestionar de manera más eficiente los acuíferos, especialmente en zonas de riesgo crítico. Es importante destacar que México enfrenta retos significativos en la gestión del agua, con áreas en sequía prolongada y acuíferos sobreexplotados que demandan una regulación adecuada para garantizar el acceso a este recurso vital. La resistencia de ciertos sectores refleja la complejidad del tema y la necesidad de un equilibrio entre conservación y producción agrícola, en un contexto en el cual la disponibilidad hídrica es cada vez más limitada. La próxima etapa del proceso incluirá la incorporación de propuestas presentadas por productores y expertos, con la esperanza de consensuar una normativa que beneficie tanto a la economía como al medio ambiente.