La Fiscalía califica el caso como negligencia criminal y revela irregularidades en la gestión del centro funerario
El pasado jueves 26 de junio, en el crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue descubierto un hallazgo inquietante: 386 cuerpos embalsamados almacenados de manera irregular. Estos cadáveres habían sido transportados por las casas funerarias con las que se tenía acuerdo, después de los velorios, con la intención de ser incinerados. Sin embargo, en lugar de ser cremados, permanecieron en condiciones deplorables en las instalaciones, lo que generó una escena de horror para las familias afectadas y las autoridades.
El hallazgo se produjo cuando una persona reportó la presencia de un cadáver dentro de un vehículo en las inmediaciones del crematorio. Como respuesta, policías municipales acudieron al lugar y, al ingresar a la propiedad, se encontraron con una escena grotesca: no solo un cuerpo, sino dos en el interior de una carroza mortuoria. Al avanzar en la inspección, los agentes descubrieron cientos de cadáveres apilados en el suelo, dispersos en muebles y en diferentes áreas del establecimiento, todos en un estado de descomposición avanzada. La escena revelaba un desprecio total hacia la dignidad de los difuntos y un grave riesgo sanitario, ya que no había refrigeración alguna y el lugar presentaba paredes maltrechas y un piso alfombrado por un líquido negruzco.
Las familias de los deudos enfrentan ahora una situación aún más dolorosa, pues los cuerpos, tras un proceso de embalsamamiento, han quedado irreconocibles. La dificultad para identificarlos aumentará, ya que los métodos habituales, como la comparación de ADN, se complican por la naturaleza de los restos y la condición en la que se encuentran. Hasta el momento, solo se han logrado identificar 33 personas, notificando a 19 familiares y entregando físicamente 14 cuerpos.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, calificó el caso como “una negligencia criminal”. Aseguró que estos cuerpos no recibieron la disposición final adecuada, que era la incineración, y criticó la total irresponsabilidad de quienes gestionaron el centro funerario, considerando que se trató de una acción que trató con indignidad a las familias que confiaron en el proceso. La autoridad señaló que el manejo de los restos fue una falta grave que vulneró la legalidad y la dignidad de los difuntos.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) informaron que el crematorio operaba legalmente y que no se había cometido ningún delito aparente. La explicación oficial señala que la presencia de los cadáveres en el lugar se debía a la falta de hornos crematorios en la zona. Luis Carlos Tarín Villamar, titular de la Coespris, afirmó que en febrero de este año su personal realizó una inspección al inmueble y que en ese momento el establecimiento cumplía con las normas. Además, aseguró que las revisiones eran frecuentes, aunque no especificó la periodicidad exacta, generando dudas sobre cómo no detectaron antes la acumulación de cuerpos en esas condiciones.
El avance en la investigación ha sido lento, en parte por el estado de descomposición de los cadáveres. La identificación de las víctimas será un proceso complejo, que requerirá análisis dentales, tatuajes u otras señas particulares. Hasta ahora, solo 33 cuerpos han sido identificados, con 19 familias notificadas y 14 entregas físicas. La situación ha generado una denuncia por parte de colectivos de derechos humanos y familiares, quienes advierten la existencia de una red de corrupción que involucra a empresas funerarias e instituciones encargadas de supervisar el funcionamiento del crematorio.
Asimismo, se reportan irregularidades en las actas de defunción, ya que las funerarias se han negado a entregar los expedientes de los difuntos, dificultando aún más el proceso de identificación y justicia. Dora Elena Delgado, portavoz del colectivo “Justicia para Nuestros Deudos”, comunicó que ya presentaron un recurso ante la Procuraduría Federal del Consumidor para la disolución del contrato con una de las funerarias implicadas. La denuncia se fundamenta en irregularidades y presuntos actos de corrupción que comprometen la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios funerarios, poniendo en riesgo la integridad de las familias afectadas.
Este caso evidencia una grave falta de respeto hacia la muerte y la dignidad de los difuntos, cuyo manejo fue completamente negligente. La historia de los rituales funerarios a lo largo de la historia muestra que diversas culturas han rendido honores y ofrendas a sus muertos, desde los entierros en la antigüedad, con objetos personales y flores, hasta las momificaciones en Egipto acompañadas de textos sagrados. En contraste, en el crematorio de Ciudad Juárez, los restos fueron arrojados en condiciones que violan cualquier rito o respeto ancestral.
El manejo de los cuerpos en condiciones de abandono y sin respeto, en un lugar insalubre y sin ningún tipo de ceremonia, ha provocado un profundo impacto emocional en las familias. La incertidumbre y el horror de saber que sus seres queridos permanecieron en esas condiciones genera un doble duelo: la pérdida física y la angustia de no saber si el contenido de las urnas será realmente los restos de sus seres queridos o, peor aún, cemento, grava o arena para gato. La negligencia cometida en este crematorio revela una grave crisis en la regulación y supervisión de los servicios funerarios en la región, que requiere atención urgente para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
