CIUDAD DE MÉXICO. – El gobierno mexicano ha sido criticado por una supuesta estrategia de “tratamiento facial” para minimizar la crisis de personas desaparecidas en el país. Según la columna de Denise Dresser, se estarían aplicando medidas para “borrar arrugas estadísticas, disimular cicatrices forenses y tensar los números de la tragedia”.
La autora señala que la definición de persona desaparecida se ha acotado, requiriendo una carpeta de investigación para contar como tal. Esto, en un contexto donde denunciar puede ser riesgoso, excluiría a miles de casos y reduciría el universo de la tragedia.
El Registro Nacional de Desaparecidos supera las 133 mil personas no localizadas. Sin embargo, se anuncia una depuración y reclasificación de casos para separar ausencias voluntarias, conflictos familiares o vínculos con la delincuencia organizada, etiquetas que, de acuerdo con la crítica, no devuelven a nadie a casa y buscan tranquilizar al electorado.
La columna recuerda que esta minimización no es nueva y proviene del sexenio anterior, cuando la prioridad fue comparar cifras con administraciones pasadas. Se menciona la salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ante la presión de “encontrar la manera” de reducir cifras.
La CNB es descrita como una “oficina de trámites que simula acción mientras administra la impotencia”, operando con autonomía limitada, presupuesto insuficiente y sin autoridad frente a fiscalías y fuerzas de seguridad. Se le considera un “amortiguador político” para contener el reclamo, no para resolver la tragedia.
A pesar de los anuncios de revisiones “profundas” de bases de datos, la crítica advierte que cuando los datos incomodan, se reclasifican. Se subraya que el problema no es la precisión de los registros, sino el propósito y el método. Revisar bases de datos sin la participación de las familias y colectivos, y redefinir categorías con fines políticos para reducir la responsabilidad estatal, es cuestionado.
La columna concluye que, mientras el poder intenta esconder la verdad bajo redefiniciones legales y silencios, las familias insisten en que la memoria y la exigencia de justicia no se archivan ni clasifican. La ausencia, se enfatiza, no es un vacío pasivo, sino una herida que reclama ser nombrada.