La insuficiencia de recursos y fallas en los registros oficiales complican la identificación de restos y aumentan las fosas comunes en el país.
México enfrenta una grave crisis en el sistema forense, marcada por una alarmante cantidad de personas desaparecidas y restos sin identificar. Hasta ahora, las autoridades reportan cerca de 133,000 casos de personas no localizadas y más de 72,000 cadáveres sin determinar su identidad, cifras que reflejan una problemática estructural en la gestión de servicios periciales. La carencia de inversión en personal, tecnología y coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda ha provocado que muchas víctimas terminen en fosas comunes sin que sus familiares tengan oportunidad de localizarlos.
Un ejemplo que evidencia las fallas del sistema es el caso de Alfredo Salcido, cuya familia sufrió años de negligencia y falta de información. A pesar de que la ficha de búsqueda estuvo activa, la base de datos no se actualizó con su paradero desde un principio, lo que impidió su localización o recuperación en los primeros años. Solo después de años, la familia fue informada de su posible fallecimiento en un accidente, pero aún enfrentan retrasos y dificultades en la exhumación y reconocimiento del cuerpo, al delegar estos trámites a empresas particulares debido a la insuficiencia de recursos oficiales.
El problema se ha agravado en los últimos años, ya que el incremento en las desapariciones no ha sido acompañado por una mejora en las capacidades de los servicios forenses. La falta de tecnología avanzada, instalaciones adecuadas y personal capacitado limita la identificación de restos, haciendo que muchas víctimas permanezcan en la incertidumbre. La ausencia de una política efectiva de inversión en estos servicios perpetúa un círculo vicioso que deja a miles de familias sin justicia ni cierre.
Esta problemática refleja también una deficiencia en la protección de derechos humanos y en la atención a las víctimas en un contexto de violencia extendida en el país. Los asesinatos, desapariciones y desapariciones forzadas requieren una respuesta institucional fortalecida, que incluya recursos adecuados para las investigaciones y la identificación de cuerpos, además de una mayor transparencia en los procesos. La situación demanda atención urgente para garantizar que ninguna víctima quede en el olvido y que las familias puedan acceder a la verdad y la justicia.