Comunidades rurales son evacuadas debido a la violencia y bombardeos aéreos de grupos criminales en Michoacán
La violencia en la zona rural de Apatzingán, Michoacán, ha alcanzado niveles críticos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta humanitaria en la región. Cerca de 300 habitantes de las comunidades de El Guayabo y El Mirador han tenido que abandonar sus viviendas como consecuencia de ataques con explosivos lanzados desde drones por los grupos criminales Los Viagras y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La amenaza aérea y la constante presencia de estos grupos han generado un escenario de desplazamiento forzado y destrucción en estas localidades.
Los residentes prefieren arriesgarse a abandonar sus hogares antes que seguir enfrentando los impactos de los artefactos explosivos que los grupos criminales utilizan para intimidar y controlar la región. En medio del desplazamiento, las camionetas cargadas con pertenencias esenciales parten en busca de refugio en la cabecera municipal o en otros puntos de la Tierra Caliente. La situación es tan grave que algunos habitantes aseguran que solo lograron sacar lo indispensable, como en el caso de Eustaquio García, un cortador de limón originario de El Mirador, quien explica que pudo llevar solo una cama, ante la intensidad de los ataques.
García relata que, con tristeza y temor, se vio obligado a abandonar su comunidad con su familia. “Nos vamos sólo con lo que nos dejaron los del crimen organizado”, dice, y añade que los ataques con drones caen en las viviendas, destrozando techos y incendiando estructuras. La violencia ha destruido casas con techos de lámina y ha dejado muchas en ruinas, algunas completamente incendiadas. La madrugada del jueves pasado, su vivienda fue alcanzada por explosivos, pero afortunadamente, la familia no se encontraba en su interior en ese momento, lo que evitó una tragedia mayor.
El miedo y la inseguridad se reflejan en testimonios como el de García, quien cubre su rostro por temor a represalias. “Estamos siendo bombardeados con drones desde lo alto del cielo; caen los dronazos en las casas. Ya no tenemos seguridad aquí. Yo por mi seguridad, ya me voy”, afirma, acompañado de sus hijos y esposa.
En las horas en que permanecieron atrapados entre la lluvia de explosivos, confesaron que se sentían más seguros entre las huertas de limón, donde las viviendas y comercios han quedado destrozados por los ataques.
La presencia militar en la zona no ha logrado frenar los ataques. García denuncia que las fuerzas del Estado solo hacen presencia momentánea, y que el convoy del Ejército y la Guardia Nacional llega, se instala y luego se retira, dejando a las comunidades desprotegidas. “Nomás vienen a hacer presencia y a sacarse las fotos y ya se van. Es algo muy feo y muy triste”, lamenta.
La comunidad de El Mirador, junto con El Guayabo y El Manzo, están prácticamente vacías, con pocas familias que permanecen en sus viviendas, dedicadas únicamente a cuidar a los animales y a mantener las huertas, conscientes de que en cualquier momento pueden ser víctimas de nuevos ataques.
Los daños en las viviendas son extensos. En una de ellas, aún cuelga la playera de un niño en un peldaño, símbolo de la violencia que ha destruido hogares y vidas. Los techos impactados y los muebles quemados evidencian la magnitud del daño; la madrugada del ataque, la casa quedó en ruinas. Otros habitantes relatan que, en esa ocasión, la familia no estaba en el domicilio, pues habían aprovechado el inicio del periodo vacacional para salir.
Sin embargo, si hubieran estado, la tragedia habría sido aún peor, pues las explosiones dañaron gravemente la estructura y pudieron haber causado la muerte de sus miembros.
A menos de siete kilómetros de El Mirador, la localidad de El Guayabo también ha sido víctima constante de los ataques del CJNG y Los Viagras, provocando un éxodo masivo. La presencia militar en ese poblado, que cuenta con una base en una escuela primaria también destruida, no ha logrado detener la ofensiva de los criminales. Tiendas y comercios permanecen cerrados o dañados por los estallidos y los enfrentamientos armados. Los animales y las aves sobreviven entre las ruinas, alimentándose de lo que encuentran, mientras los olores a quemado y la destrucción son evidentes en todos los rincones.
Los daños en los sitios religiosos y en las viviendas evidencian la intensidad de la violencia. En algunos hogares, se han construido altares religiosos y capillas improvisadas en los portales, que muestran marcas de los enfrentamientos. Mientras tanto, personal del Ejército Mexicano realiza operaciones para detectar y desactivar explosivos colocados en caminos rurales por los grupos criminales, como minas antipersona, en un esfuerzo por reducir los riesgos y evitar nuevas tragedias.
Por su parte, la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, encabezó una reunión con habitantes desplazados en la plaza principal para coordinar acciones de ayuda humanitaria. La alcaldesa informó que se está levantando un censo para identificar a las víctimas y evaluar la magnitud del desplazamiento, con el objetivo de ofrecer asistencia y rehabilitación en un plazo de dos semanas. La edil destacó la necesidad de garantizar condiciones seguras para el regreso de las familias a sus comunidades, en un proceso que se busca sea paulatino y seguro.
Arreola Pichardo reiteró que la violencia en la Tierra Caliente ha rebasado los límites de la autoridad local, extendiéndose durante meses y afectando a varias comunidades de manera sistemática. La alcaldesa subrayó la importancia de construir un registro confiable del número de familias desplazadas, así como del estado de sus viviendas y de las escuelas afectadas. La directora municipal expresó que, aunque los daños en El Mirador son menores en comparación con otros lugares, también es necesario atender las emergencias en esa comunidad, mediante jornadas de asistencia social y rehabilitación de espacios públicos y viviendas.
Finalmente, la alcaldesa enfatizó que el objetivo principal es devolverles la seguridad y la confianza a las comunidades afectadas, permitiendo que los habitantes puedan retornar a sus hogares y retomar sus actividades cotidianas en un plazo razonable. La situación en Apatzingán y sus comunidades sigue siendo crítica, marcada por el desplazamiento, la destrucción y la incertidumbre, ante un escenario de violencia que parece no ceder.