Más de 32 millones de trabajadores en el país enfrentan condiciones precarias sin acceso a prestaciones laborales ni seguridad social, evidenciando un proceso de precarización creciente.
En México, la presencia de empleados trabajando bajo esquemas informales continúa incrementándose, alcanzando en 2025 un total de aproximadamente 33 millones de personas, lo que representa más de la mitad de la población activa. Esta tendencia revela una problemática estructural que limita el acceso de los trabajadores a beneficios básicos y a la protección social. La modalidad de labores mediante honorarios y contratos civiles, aunque en algunos casos garantiza cierta independencia, a menudo resulta en la ausencia de prestaciones laborales, como vacaciones, aguinaldo y seguro social, dejando a los empleados en condiciones de vulnerabilidad.
Uno de los casos ejemplares es el de profesionales en áreas como comunicación, quienes pese a contar con salarios competitivos, enfrentan complicaciones en la gestión de pagos y obligaciones fiscales. La falta de beneficios laborales tradicionales y la precarización del empleo también se reflejan en la notable diferencia en ingresos entre sectores formal e informal y en la dificultad para recibir atención médica en circunstancias de salud graves, debido a los altos costos en servicios privados.
Este fenómeno deja en evidencia la necesidad de fortalecer la regulación laboral y promover esquemas que ofrezcan seguridad y derechos a todas las personas que trabajan en el país, independientemente de su modalidad de contratación. La informalidad, más allá de una elección, se ha convertido en un obstáculo que perpetúa la desigualdad y limita la protección social, afectando el desarrollo económico y social a largo plazo.