El decreto publicado en el DOF establece la creación de un órgano que buscará analizar y proponer cambios en el sistema electoral nacional
Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La finalidad principal de este órgano será llevar a cabo estudios, análisis y propuestas en torno a una posible transformación del sistema electoral mexicano.
La Comisión estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, tendrá la responsabilidad de promover la participación ciudadana, invitando a la población a expresar su opinión sobre la reforma electoral, considerando que esta sea conveniente para México. Entre sus atribuciones también destaca la facultad de conformar grupos de trabajo especializados, realizar consultas públicas y elaborar su propio reglamento interno para operar de manera autónoma.
De acuerdo con el decreto publicado, la Comisión será un órgano permanente, integrado por diversas dependencias y figuras clave del gobierno federal. Entre las instituciones que participarán se encuentran la Secretaría de Gobernación, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Antonio Peña Merino. También forma parte de su estructura la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, bajo la coordinación de Ernestina Godoy Ramos.
Asimismo, el decreto contempla la participación de representantes de la Oficina de la Presidencia de la República, incluyendo a Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ocupa la Coordinación General de Política y Gobierno. Todas estas figuras aportarán su experiencia y conocimientos para facilitar los estudios y propuestas que emita la Comisión en materia electoral.
El documento establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. Sin embargo, la Presidencia de la República podrá decidir su disolución anticipada en caso de considerarlo necesario, manteniendo así la flexibilidad para ajustar su funcionamiento según las circunstancias políticas y sociales del país.
La creación de esta Comisión refleja la intención del gobierno federal de impulsar un proceso de revisión y modernización del sistema electoral mexicano, en un contexto de debate y polarización sobre las reformas necesarias para fortalecer la democracia. La participación ciudadana y la consulta pública serán elementos centrales en su trabajo, en línea con los principios de transparencia y pluralidad que buscan promoverse en esta iniciativa.
Se espera que las actividades de la Comisión contribuyan a un análisis profundo y técnico del sistema electoral, así como a la formulación de propuestas que puedan ser sometidas a discusión y eventual aprobación por las autoridades competentes. La incorporación de diversas dependencias y actores del gobierno busca garantizar un enfoque integral y coordinado en la revisión de las instituciones electorales del país.
