La resolución reconoce el derecho de las mujeres musulmanas a portar su velo en fotografías oficiales, descartando riesgos para la seguridad nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado el uso del hiyab en fotografías de pasaporte, estableciendo que este proceso no infringe la Constitución ni representa una amenaza a la seguridad nacional. La decisión surge tras la revisión de dos proyectos que permitían a las mujeres musulmanas portar su velo durante la toma de la fotografía, siempre que el rostro permanezca descubierto, garantizando así su libertad religiosa sin comprometer los requisitos de identificación.
Este fallo refleja un avance importante en el reconocimiento de derechos culturales y religiosos en documentos oficiales, además de responder a la creciente diversidad en México. La integración de métodos alternativos para verificar la identidad también fue resaltada, minimizando la necesidad de que el rostro esté completamente visible en todos los casos.
La resolutiva, sin embargo, estuvo marcada por la postura de la ministra Lenia Batres, quien alertó sobre posibles riesgos a la seguridad nacional si se permite que las prácticas religiosas influyan en normativas constitucionales. Batres argumentó que, en el pasado, la falta de regulación en temas religiosos ha derivado en prácticas que atentan contra el orden público, como la mutilación genital o la celebración de sacrificios, por lo que la protección de la seguridad debe prevalecer sobre las consideraciones religiosas.
El fallo de la Corte se enmarca en un contexto donde la discriminación por motivos religiosos aún representa un desafío en México. La decisión de permitir el uso del hiyab en pasaportes evidencia un avance en la protección de derechos individuales, aunque también aporta un debate sobre los límites entre libertad religiosa y seguridad.
Como antecedente, la inclusión del respeto por las expresiones culturales en procesos oficiales refleja una tendencia global hacia la valoración de la diversidad y los derechos humanos, particularmente en países con sociedades cada vez más plurales. La resolución reafirma la importancia de equilibrar derechos individuales y la protección del orden público en un entorno constitucional.