Análisis sobre la influencia política en la futura resolución de la Suprema Corte respecto a la prisión preventiva oficiosa
La discusión en torno a la próxima actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la prisión preventiva oficiosa se ha intensificado en los últimos meses. La nueva SCJN, que iniciará sus actividades en septiembre, enfrenta una situación compleja marcada por profundas contradicciones en la alineación política y los intereses del gobierno federal.
El discurso oficial de la corte y de la coalición morenista ha sido presentar a los ministros como garantes de una justicia más cercana a la gente y de la construcción de un México más equitativo, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, en los hechos, la misma coalición ha promovido medidas que parecen contradecir estos principios.
Uno de los ejemplos más notorios es el incremento en la utilización de la prisión preventiva oficiosa, una política impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el principal promotor de la reforma judicial que amplió el catálogo de delitos que justifican la prisión preventiva automática. Desde entonces, los diputados y senadores de Morena votaron con entusiasmo a favor de estas modificaciones, que han llevado a que más de 85 mil personas permanezcan en prisión sin sentencia definitiva.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no ha dado marcha atrás en esta estrategia. Al contrario, ha dado pasos en la misma dirección, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, promoviendo un viraje en la política de seguridad que apuesta por una mayor mano dura contra el delito. Este cambio se ha acompañado de una serie de reformas que amplían las facultades del Estado mexicano para perseguir delitos y fortalecer su aparato punitivo.
Aunque esta estrategia puede tener ventajas, no se puede ignorar que el punitivismo es uno de sus rasgos distintivos. Además, tanto Sheinbaum como García Harfuch han manifestado que los jueces del viejo Poder Judicial liberaban a criminales peligrosos por supuestas fallas en el debido proceso, argumentando que estos delincuentes, tras salir de la cárcel, generaban mayor violencia. Este discurso sirvió de base para movilizar a la población en las elecciones judiciales y en el respaldo a las políticas de seguridad del gobierno.
El mismo bloque político que ha promovido la prisión preventiva oficiosa, culpando a los jueces de la impunidad y acusándolos de fallar en la protección de la sociedad, ahora enfrenta un reto en la Suprema Corte. La controversia principal surge a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2023, que ordenó a México eliminar esta figura en su Constitución, considerándola violatoria de la presunción de inocencia. La resolución exige que el país deje de aplicar la prisión preventiva automática en los casos penales.
La actual presidencia de la Suprema Corte, a cargo de Norma Piña, podría resolver esta controversia antes de que concluya el plazo establecido por la Corte Interamericana. Sin embargo, el Poder Ejecutivo envió un oficio a la corte solicitando que el asunto permanezca en espera hasta septiembre, lo que aumenta la incertidumbre. Es probable que los ministros salientes, bajo presiones políticas, sucumban a los intereses del Ejecutivo y decidan mantener la figura de la prisión preventiva en la Constitución.
Para el gobierno de Morena, la prioridad ha sido reducir la violencia y debilitar al crimen organizado, incluso si ello implica vulnerar derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso. La decisión de no realizar una reforma integral del sistema de justicia, incluyendo fiscalías y policías, indica que su estrategia se centra en un control político del poder judicial y en medidas punitivas. La nueva Suprema Corte, por tanto, enfrentará un dilema: resolver en favor de la protección de los derechos fundamentales o alinearse con los intereses del gobierno.
La resolución de la SCJN en los próximos meses será un indicativo claro del rumbo que tomará la justicia en México. La posible decisión de mantener la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa pondrá a prueba si la corte está del lado de la justicia y los derechos del pueblo o si, por el contrario, se alineará con las políticas del Ejecutivo. La realidad es que las presiones políticas y los intereses del poder parecen favorecer una postura que prioriza el control y la seguridad, a costa de los derechos humanos y la presunción de inocencia.
En definitiva, la decisión que tome la Suprema Corte en este asunto definirá si la justicia mexicana se mantiene firme en sus principios o si continúa siendo un instrumento al servicio de los intereses políticos del gobierno en turno.
