La ejecución de Guerrero Alcántar se produce tras denunciar irregularidades vinculadas a altos mandos navales y en medio de investigaciones oficiales.
En un hecho que refleja la complejidad de las investigaciones sobre corrupción en las instituciones navales mexicanas, Guerrero Alcántar, un alto mando que realizó denuncias sobre posibles irregularidades en la Secretaría de Marina, fue asesinado en la ciudad de Manzanillo, Colima, durante la segunda semana de noviembre. La víctima, quien ocupaba el cargo de director general de Recaudación de Aduanas, había enviado una carta al entonces secretario de Marina revelando presuntas influencias y presiones de altos oficiales en la designación de personal en diversas aduanas, con posibles fines delictivos.
Este crimen se presenta en un contexto donde las autoridades mexicanas llevan adelante una investigación en torno a la familia de un vicealmirante, implicado en actividades ilícitas relacionadas con el contrabando y el crimen organizado. La Fiscalía General de la República ha señalado que el vínculo directo con esta red delictiva podría estar relacionado con el entorno cercano del oficial vinculado a Guerrero Alcántar, quien fue también objeto de indagación antes de su asesinato. La situación ejemplifica los riesgos a los que se enfrentan aquellos que desafían estructuras de poder en las fuerzas armadas y en la administración pública en México, donde la impunidad y la violencia parecen permear estos procesos.
Este suceso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a denunciantes y efectivos que enfrentan delitos de alto nivel, además de poner en evidencia las posibles complicidades internas que dificultan la lucha contra la corrupción y el crimen en las instituciones públicas y militares del país.