La función de la Constitución es estructurar y limitar el ejercicio del poder, garantizando derechos y orientando la política mediante normas jurídicas.
La tradición democrática moderna entiende a la Constitución no como un freno al ejercicio del poder, sino como un marco que organiza, delimita y legitima su ejercicio. Lejos de ser una jaula que restrinja la acción gubernamental, la Constitución actúa como un conjunto de reglas que orientan y racionalizan la autoridad, garantizando que el poder se ejerza bajo principios y procedimientos establecidos. Este enfoque contrasta con las nociones clásicas que ven la Constitución como un medio para contener o limitar el Estado, postulando que su función principal es crear un orden jurídico en donde la fuerza política sea predecible y orientada al interés público.
El papel de la Constitución también implica la creación y protección de derechos ciudadanos, resguardándolos en un marco legal que los hace efectivos. Instituidas como garantías otorgadas por el Estado, estas libertades y derechos no existen ya premeditadamente, sino que son resultado de un proceso constitutivo que define cuáles son las obligaciones y límites del poder político. En este sentido, la Constitución es una estructura que otorga sentido y forma a la autoridad pública, asegurando que su ejercicio sea legítimo y en beneficio de la sociedad.
Históricamente, la Constitución mexicana ha sido instrumental en formalizar derechos y establecer los procedimientos para su protección, integrando la fuerza del Estado con las demandas sociales. La idea fundamental es que los principios constitucionales no suprimen la política, sino que la someten a un orden racional que establece quién puede ejercer el poder, en qué condiciones y con qué fines. Por ello, la relevancia de entenderla como una herramienta que racionaliza la autoridad resulta fundamental para fortalecer la democracia y la protección de derechos.
En resumen, la Constitución moderna actúa como un sistema de reglas que encauza el ejercicio del poder, transformándolo en autoridad legítima, limitada y orientada al bienestar público, en lugar de un mero instrumento de control o restricción.