Ciudad de México. – Un reciente análisis legal ha generado controversia en torno a la capacidad del Senado de la República para convocar a gobernadores o fiscales estatales a rendir cuentas sobre operativos de seguridad llevados a cabo por fuerzas federales. El documento argumenta que las responsabilidades recaen en las autoridades federales, no estatales.
La discusión se centra en el marco constitucional que, según el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limita las facultades del Senado. Este solo puede requerir la comparecencia de Secretarios de Estado y titulares de órganos autónomos, dejando fuera a autoridades estatales. De este modo, el control político del Congreso se ejerce exclusivamente sobre el gobierno federal.
Cuando los operativos de seguridad son coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad es en su totalidad federal. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República son las entidades competentes para manejar asuntos relacionados con el narcotráfico, considerados delitos de interés federal. Esto implica que cualquier solicitud de información debería dirigirse a estas instituciones, dejando las autoridades estatales fuera del alcance del Senado en este contexto.
Además, citar a un gobernador o a un fiscal estatal por acciones federales podría vulnerar la soberanía local. El pacto federal establece que la política de seguridad nacional es exclusiva de la Federación, mientras que los estados deben colaborar sin dirigir las operaciones. La injerencia en la esfera exclusiva de las entidades federativas podría romper el equilibrio necesario en la relación entre el gobierno federal y los estados.
Las implicaciones de este análisis sugieren que el Senado debería enfocar su control político en las autoridades federales, dado que la invitación a comparecer de miembros de gobiernos estatales no solo carece de fundamento constitucional, sino que también podría comprometer la cooperación federalista que rige al país.