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Bancos podrán bloquear transferencias desde enero de 2026

Desde enero de 2026, los bancos podrán bloquear transferencias que excedan límites establecidos por los usuarios, fortaleciendo la seguridad en operaciones digitales.

Por Redacción1 min de lectura
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A partir del 1 de enero, entrará en vigor el límite transaccional del usuario, reforzando la prevención del fraude y la seguridad en operaciones bancarias digitales en México.

A partir del 1 de enero de 2026, las instituciones bancarias mexicanas implementarán una nueva medida que permitirá bloquear o solicitar validación adicional en transferencias que excedan un monto previamente configurado por cada usuario. Este cambio surge de una resolución publicada en junio de 2024 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la finalidad de fortalecer la supervisión y protección contra delitos financieros como fraudes, robo de identidad y phishing.

El llamado Monto Transaccional del Usuario (MTU) representa un límite personalizado que buscará prevenir movimientos ilícitos, especialmente en un contexto donde la ciberdelincuencia ha registrado un aumento del 40% en México en los últimos seis años. La normativa también establece directrices para detectar conductas sospechosas, incluyendo la suplantación de identidad, manipulación de datos, o uso malicioso de medios electrónicos, elevando así los estándares de seguridad en el sistema financiero.

La transición, que inició en octubre de 2024, permite a los usuarios ajustar sus límites desde sus aplicaciones bancarias, proceso que en algunos casos requiere la activación de herramientas como NetKey o notificaciones electrónicas para garantizar la seguridad del proceso. La regulación refuerza la importancia de la protección en entornos digitales, en un país donde las instituciones financieras tienden a incorporar cada vez más tecnologías para reducir riesgos y mejorar la experiencia del cliente.

Este cambio normativo representa una adaptación del sistema financiero mexicano ante la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas, reforzando la responsabilidad compartida entre bancos y clientes para mantener la integridad de las operaciones y reducir las pérdidas económicas derivadas de fraudes y delitos digitales.

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