La percepción de fallas en el sistema judicial revela una tendencia a trivializar funciones fundamentales del Estado y pone en riesgo la confianza pública.
La idea de banalizar la justicia atiende a la tendencia de minimizar la importancia de decisiones y garantías imprescindibles en el proceso judicial. Cuando funcionarios judiciales expresan en público que “el silencio podrá ser usado en contra del procesado”, se evidencia una desatención grave hacia la fundamental protección del debido proceso. Aunque algunas expresiones puedan ser inadvertidas, reflejan una falta de conciencia y respeto por la función judicial. La frecuencia de estos casos evidencia un problema profundo en la formación y selección de quienes ejercen roles de juzgadores en el país, un problema que se agrava por la politización del sistema de nombramiento. La legitimidad de la elección popular para ocupar cargos judiciales no garantiza que quienes acceden tengan las capacidades necesarias para juzgar con imparcialidad y competencia, características imprescindibles en un Estado de Derecho. La politización y el dogmatismo ideológico se han infiltrado en las decisiones judiciales, afectando la equidad y la justicia en la aplicación de las leyes. La reforma judicial, en lugar de fortalecer la independencia y la profesionalización, ha permitido que estos problemas se arraiguen, evidenciando un fallo temprano en la protección de una justicia sólida y confiable. Es necesario renegociar los criterios de selección y formación de jueces para blindar a la justicia de la banalización y garantizar la integridad del sistema judicial en su papel esencial.
