Empresarios y autoridades destacan la baja en delitos de extorsión en Yucatán y abogan por la aprobación de una legislación federal para fortalecer la prevención y sanción
La participación de las principales agrupaciones privadas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Yucatán revela que la incidencia de extorsión en la región es significativamente menor en comparación con otras partes del país. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida informó que, aunque algunos socios han reportado ser víctimas de este delito, no existen cifras concretas y los casos no alcanzan los niveles de otras regiones mexicanas.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) reconoció que en el último año tres de sus afiliados estuvieron a punto de sufrir una estafa, pero lograron denunciar el intento y las autoridades policiales lograron resolver la situación sin que se pagara ninguna cantidad. Esto demuestra que, en Yucatán, delitos de alto impacto como el extorsión, secuestro virtual y cobro de piso aún no afectan de manera significativa a la comunidad empresarial.
La Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) Yucatán afirmó que no tiene reportes de afiliados víctimas de delitos relacionados con extorsión, cobro de piso o secuestro virtual. Los datos de monitoreo de seguridad de la Coparmex nacional, publicados el 28 de julio, señalan que en el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión en todo México, la cifra más alta en registros oficiales, con un incremento del 83% en los últimos diez años.
Este delito representa un grave impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como en la generación de empleos en el país. La necesidad de una legislación específica, como la Ley General de Extorsión, se vuelve apremiante para homologar criterios, fortalecer la prevención, investigación y sanciones en todo el territorio nacional.
Los presidentes de las principales organizaciones empresariales en Yucatán coincidieron en destacar la situación favorable de la región. Emilio Blanco del Villar, presidente de Coparmex Mérida, afirmó que “afortunadamente, en Yucatán el panorama es distinto al que se vive en otras regiones del país. Contamos con uno de los índices más bajos de incidencia delictiva y la extorsión no se presenta con la misma frecuencia. Sin embargo, esto no significa que debamos bajar la guardia”.
Blanco del Villar destacó que la colaboración con las autoridades es constante para prevenir estos delitos y proteger a los socios. “Hemos implementado programas de capacitación preventiva en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dirigidos a informar, sensibilizar y dotar de herramientas a los empresarios para actuar ante un intento de extorsión”, afirmó.
La forma más común de extorsión que enfrentan los empresarios en Yucatán es la telefónica, aunque en los últimos tiempos se ha observado un aumento en los intentos con componentes cibernéticos, como fraudes por correo electrónico o suplantación de identidad digital. Esto requiere una mayor preparación tecnológica y reforzar las medidas de ciberseguridad en los negocios.
Respecto a la urgencia de una ley federal contra la extorsión, Blanco del Villar expresó que “sí, es urgente y necesaria. Contar con una Ley General de Extorsión permitirá homologar criterios, fortalecer la prevención, investigación y sanción de este delito en todo el país. Se trata de una herramienta que puede cerrar brechas legales y operativas que hoy permiten que la extorsión siga creciendo, especialmente en estados con mayor índice de violencia”.
En cuanto a la percepción de denuncia, el 96% de las víctimas en México no reportan estos delitos, un dato que preocupa a las autoridades. Sin embargo, en Yucatán, la confianza en las instituciones y la cultura de denuncia son más sólidas, según expusieron los representantes empresariales. “Aquí los ciudadanos y empresarios saben que denunciar sí hace la diferencia, y seguiremos promoviendo esa confianza activa”, señaló Blanco del Villar.
Sobre la eficacia de las autoridades, Gibrán Gómory Martínez, presidente de Canacintra Yucatán, afirmó que “hemos visto una coordinación eficaz entre las autoridades estatales y el sector empresarial. La Secretaría de Seguridad Pública ha intensificado las acciones preventivas y la presencia de videovigilancia ha aumentado en Mérida y en la costa yucateca, lo que ayuda a mantener a raya estos delitos”.
El representante de Canacintra resaltó que, en el último año, solo se reportaron tres casos de extorsión en Yucatán, todos resueltos satisfactoriamente. “Es fundamental que se siga denunciando, porque cada denuncia ayuda a las autoridades a tener mayor información y actuar en consecuencia”, añadió.
Finalmente, Gómory Martínez reiteró la importancia de reforzar esfuerzos conjuntos. “No tenemos noticias de nuestros afiliados víctimas de extorsión, pero en el resto del país la situación es más grave y una ley federal sería un paso importante. En Yucatán, tanto la ciudadanía como la policía cumplen con su parte, pero siempre hay áreas de oportunidad para fortalecer la respuesta y la colaboración institucional”.
La percepción de que la extorsión no se denuncia por temor o amenazas es un tema que preocupa, pero en Yucatán prevalece una cultura de denuncia que ayuda a mantener a raya estos delitos. La implementación de una legislación federal robusta y la colaboración permanente entre autoridades y sector privado son esenciales para seguir reduciendo la incidencia y proteger a las empresas y a la sociedad.
