La planta de Atanor fue clausurada por segunda vez en dos años tras detectarse vuelcos clandestinos que afectan la salud ambiental de la comunidad nicoleña.
En San Nicolás, las autoridades ambientales suspendieron nuevamente las operaciones de la planta de Atanor tras descubrir un vuelco clandestino de residuos industriales en sus instalaciones. La intervención se realizó después de una inspección de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, que confirmó la presencia de más de 30 sustancias contaminantes en los líquidos vertidos, incluyendo herbicidas, metales pesados y compuestos peligrosos. Este episodio refleja una problemática persistente en la localidad, donde la planta ha sido históricamente señalada por su impacto ambiental y riesgos para la comunidad, agravados por una serie de incidentes anteriores, como una explosión en 2022 que liberó atrazina, un químico altamente contaminante.
El análisis de las muestras revela que la empresa incumplía las normativas vigentes, ya que se detectaron niveles de residuos peligrosos que superan los límites permitidos por la legislación nacional. La clausura preventiva incluyó el cierre del ducto industrial y la orden de desmantelar la planta, mientras que el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso de transportes relacionados. La historia de Atanor en la región evidencia un patrón de negligencia y omisión en la gestión ambiental, que ha generado daños irreversibles en el Río Paraná y en el suelo cercano a la planta, afectando también la salud de la población local.
Frente a esto, la compañía anunció que relocalizará sus operaciones a otras plantas en Córdoba y Buenos Aires, dejando en funcionamiento un centro logístico en San Nicolás. Sin embargo, expertos y organizaciones ambientales advierten que trasladar la actividad no elimina el riesgo de contaminación y que la responsabilidad por los pasivos ambientales aún recae sobre la empresa. El Consejo Profesional de Química y líderes comunitarios exigen una política de remediación efectiva que garantice la recuperación del ecosistema y la protección de la salud pública, reclamando además que se lleve adelante un plan de limpieza y compensación por los daños ocasionados.
La historia de Atanor en San Nicolás simboliza un ejemplo de impunidad que ha permitido que las actividades industriales continúen poniendo en riesgo el ambiente durante décadas. La comunidad exige acciones concretas y responsables para revertir los efectos y evitar que la historia se repita en futuras localizaciones.