La ejecución en pleno día en un estado considerado uno de los más seguros refleja la gravedad de la violencia en México
En Tamaulipas, considerado uno de los estados más seguros del país, se registró un hecho que desafía toda lógica y evidencia la grave crisis de seguridad que atraviesa México. El pasado lunes, en pleno horario pico y a escasos pasos de la frontera con Estados Unidos, fue asesinado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en la región. La escena del crimen fue dantesca: primero, le lanzaron una granada debajo de su camioneta blindada, que se incendió y dejó al funcionario herido, apenas logrando alejarse unos metros. Sin embargo, un comando armado lo remató con ráfagas de armas largas, dejando claro que la violencia no respeta las apariencias de seguridad.
Este incidente, ocurrido en un estado que el gobernador Américo Villarreal ha promovido como un entorno seguro, pone en entredicho esas afirmaciones. La brutalidad del ataque refleja una realidad que, lejos de mejorar, se ha ido intensificando. La Fiscalía reportó que, en ese mismo día, se cometieron 51 asesinatos en todo el país, sumando más de 22,300 homicidios en lo que va del sexenio. Aunque las cifras oficiales muestran una ligera disminución en comparación con periodos anteriores, la naturaleza de los crímenes ha cambiado: ahora predominan los asesinatos brutales, con armas de alto poder y mensajes que buscan intimidar.
La línea de investigación apunta al huachicol fiscal como posible móvil del crimen. La región ha sido escenario de una floreciente industria de robo y comercio ilegal de combustible, y algunos analistas consideran que el asesinato puede estar relacionado con recientes decomisos millonarios y la lucha por el control de estas actividades ilícitas. Otros sugieren que Vázquez Reyna podría haber tenido conocimiento de operaciones criminales o incluso estar involucrado en negocios turbios, aunque las investigaciones aún no han confirmado ninguna hipótesis definitiva. En México, no es raro que funcionarios públicos sean víctimas de la violencia por su cercanía a las actividades delictivas, o por su supuesta participación en ellas.
El hecho de que un funcionario de la Fiscalía sea víctima de un ataque tan violento en un estado considerado de los más seguros evidencia una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad. La percepción de que Tamaulipas goza de tranquilidad es cada vez más insostenible, y el crimen organizado parece estar expandiendo su dominio sin obstáculos. La estrategia de militarización, que ha caracterizado la gestión del gobierno federal, no ha logrado reducir la violencia, sino que, en muchos casos, ha agravado la situación. La presencia de las fuerzas armadas en tareas policiales ha generado un aumento en la brutalidad y en la impunidad, poniendo en duda la efectividad de esta política.
Por otra parte, la situación en Tamaulipas tiene implicaciones internacionales. La violencia y los asesinatos en la frontera norte alimentan los discursos del expresidente Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, que buscan catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Escenas como la ejecución del delegado de la Fiscalía refuerzan esa narrativa y elevan la tensión en la región, complicando aún más la cooperación bilateral en materia de seguridad. La impunidad y la falta de un mando civil efectivo solo sirven para fortalecer a los grupos criminales, que actúan con total impunidad y se sienten cada vez más poderosos.
Es imprescindible que el Estado retome el control civil de la seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Ciudadana debe volver a ser el órgano responsable, alejándose de la influencia militar en tareas de prevención y persecución del delito. La militarización ha fracasado y ha provocado un aumento en la violencia, en lugar de reducirla. El actual gobierno de Morena, en lugar de corregir esta tendencia, ha capitalizado la crisis de seguridad como una forma de justificar su estrategia.
La violencia se ha convertido en una herramienta de control y de intimidación, y no en un problema que requiere soluciones de fondo.
La situación en México ya no es solo una tragedia que afecta a un estado en particular, sino un fenómeno que trasciende fronteras. La fragmentación del crimen organizado no respeta límites geográficos, y la indiferencia de las autoridades solo alimenta la impunidad. La banalización de la muerte por parte de algunos gobernadores y la falta de respuesta efectiva desde los niveles superiores del poder contribuyen a que la violencia continúe creciendo sin freno. La responsabilidad no recae únicamente en los delincuentes, sino también en quienes permiten o encubren estos delitos.
El caso del asesinato del delegado de la Fiscalía en Tamaulipas es un recordatorio de que la situación requiere una atención urgente y decidida. La narrativa oficial sobre un estado seguro se desmorona ante hechos como estos, que evidencian la fragilidad del Estado frente a la criminalidad. La lucha contra el crimen organizado debe ser integral, civil y efectiva, para devolver la tranquilidad a las comunidades y garantizar la justicia.
Giro de la Perinola:
Tras minimizar inicialmente el problema, el gobierno de Américo Villarreal ahora busca respaldo en la Federación, anunciando que trabajará en coordinación con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Por su parte, ella promete justicia en el caso, pero las expectativas se ven empañadas por la percepción de que la Fiscalía General de la República y el nuevo Poder Judicial podrían dificultar una investigación efectiva. La impunidad sigue siendo una amenaza latente en un contexto donde los delitos parecen estar fuera del alcance de la justicia.
