El fenómeno afecta principalmente a niñas y adolescentes, reflejo de problemáticas sociales y económicas que requieren atención urgente en los sistemas de protección.
En las últimas décadas, México ha registrado un incremento notable en los reportes de abandono y negligencia infantil, alcanzando un aumento del 600% en 15 años. Entre 2022 y 2024, más de mil 200 menores de uno a 17 años recibieron atención hospitalaria por estas circunstancias, evidenciando una problemática que pone en riesgo el desarrollo y la seguridad de la niñez en el país. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes, quienes representan cerca del 79% de los casos, en una tendencia que refleja las vulnerabilidades específicas que enfrentan estos grupos, incluyendo pobreza, embarazos no planeados y falta de apoyo familiar.
Los estados de mayor incidencia corresponden a las regiones circundantes al Estado de México, como Hidalgo y San Luis Potosí, donde se concentran aproximadamente la mitad de las situaciones documentadas. Esta distribución territorial evidencia la existencia de desigualdades sociales y deficiencias en los sistemas de atención. La pobreza, la violencia familiar y la precariedad en los servicios públicos son causas fundamentales que impulsan a muchas madres a tomar decisiones extremas ante la falta de alternativas institucionales y comunitarias en apoyo a la crianza.
Recientes casos de abandono en la Ciudad de México, como la entrega de recién nacidos en estaciones de metro y en la vía pública, han despertado alarma social, pero también reflejan una problemática estructural. El impacto de los recortes presupuestales en salud y protección social, junto con la precarización del Sistema Nacional para la Protección Infantil, limitan severamente la capacidad de actuar frente a estos fenómenos. La ausencia de recursos adecuados y la falta de personal capacitado dejan a las instituciones en una situación de vulnerabilidad para atender a quienes están en riesgo, agravando la situación.
A nivel legal, el abandono y la negligencia están considerados como formas graves de violencia hacia la infancia en México, implicando la pérdida del derecho a una vida familiar, a la identidad y a la protección integral. Sin embargo, la problemática requiere una respuesta integral que incluya políticas de prevención, fortalecimiento de las redes de apoyo y atención temprana a madres jóvenes en situación de pobreza. Solo con un enfoque coordinado entre sociedad y Estado será posible revertir esta alarmante tendencia y garantizar los derechos de los menores en el país.