CIUDAD DE MÉXICO. – La narrativa oficialista que celebra el “tiempo de mujeres” en México enfrenta críticas ante la aparición de iniciativas legislativas, como la denominada “Ley Esposa”, que, bajo el pretexto de la paridad de género, podrían estar diseñadas para favorecer la sucesión dinástica en el poder local. Casos como el de San Luis Potosí y el incipiente en Nuevo León han encendido las alarmas sobre el riesgo de que la lucha por la igualdad sea capturada por grupos regionales para disfrazar viejas prácticas políticas de progresismo.
En San Luis Potosí, una reforma constitucional aprobada a mediados de diciembre obliga a los partidos y coaliciones a registrar exclusivamente candidaturas de mujeres a la gubernatura para el proceso electoral de 2027. Aunque defendida por el Partido Verde como una medida para garantizar la alternancia de género, críticos señalan que esta disposición beneficia directamente a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, al cerrar la contienda a cualquier competidor masculino. La crítica central es que no se busca abrir un espacio por convicción de igualdad, sino restringirlo para favorecer a una candidata con acceso privilegiado a recursos y estructura.
Un patrón similar se observa en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano han impulsado una iniciativa que, según se argumenta, orbita alrededor de las aspiraciones de Mariana Rodríguez. Tras su derrota en la contienda por la alcaldía de Monterrey, la obligatoriedad de la paridad de género es vista por algunos como un camino para mantener el poder dentro del círculo familiar, utilizando una herramienta de justicia para perpetuar redes de poder.
Si bien México ha avanzado en paridad con reformas constitucionales y criterios del Instituto Nacional Electoral para garantizar el equilibrio en candidaturas y órganos de poder, las iniciativas en San Luis Potosí y Nuevo León van más allá al establecer una prohibición total por género en un año determinado. Se percibe como una ley convertida en instrumento de exclusión para beneficiar dinastías, resultando en el surgimiento de una “nueva raza política” que, amparada en la inclusión, asegura que el poder cambie de manos, pero no de apellidos.
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha hecho esperar. Ha instruido la revisión jurídica de estas iniciativas, señalando que su fondo no responde a una agenda de género, sino a intereses ajenos a la paridad. Morena ya prepara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Se advierte que si la paridad se percibe como una “armadura” similar al fuero legislativo, el daño al movimiento feminista podría ser enorme, pues ambas figuras, concebidas para corregir desproporciones, corren el riesgo de ser capturadas por grupos de interés.