La iniciativa, que proyecta ingresos por más de 182 mil millones de pesos, incluye aumentos en refrendo, licencias y otros cobros sin contratación de deuda.
El Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley de Ingresos para 2026, estableciendo una estimación de recursos superiores a los 182 mil millones de pesos. La aprobación, lograda con 26 votos a favor y 11 en contra, refleja un aumento en la recaudación mediante incrementos en diversos impuestos y cuotas, sin recurrir a financiamiento externo. La mayor parte de los ingresos seguirá proveniendo de fondos federales transferidos a la entidad, en línea con las participaciones y transferencias establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, como parte de la estrategia para fortalecer la regulación y fiscalización del crecimiento vehicular, se propone un aumento en el costo del refrendo para motocicletas, que subirá de 385 a 600 pesos, dado el crecimiento exponencial de estos vehículos en la región —que se multiplicó seis veces en los últimos 15 años, superando el millón de unidades. La ley también contempla la revisión y diagnóstico del programa de verificación vehicular, tras algunas críticas, y mantiene subsidio en este trámite. Los derechos para automóviles incrementarán de 900 a mil pesos, y el costo de placas nuevas será de 2,502 pesos. En cuanto a licencias, los precios subirán ligeramente, con un incremento notable en las licencias para motociclistas, que pasarán de 507 a 600 pesos para el tipo A2 y a mil pesos para el A3. Otras modificaciones incluyen aumentos en impuestos relacionados con rifas, apuestas y alquileres, además de una actualización en la tarifa del sistema de bicicletas públicas Mibici y en el impuesto por hospedaje, que pasará del 4% al 5%. La exclusión del impuesto a la extracción de materiales requiere reformas legales adicionales. La regulación presupuestal y fiscal refleja un esfuerzo por fortalecer las finanzas del estado sin comprometer la deuda pública, en un contexto donde el crecimiento urbano y vehicular demanda nuevas políticas de gestión y recaudación.
En el contexto nacional y regional, estas medidas se inscriben en un panorama de búsqueda de equilibrio fiscal y sostenibilidad, ante el crecimiento acelerado de la movilidad urbana y la necesidad de recursos para inversión en infraestructura y servicios públicos. La decisión refleja también la intención de diversificar las fuentes de ingreso en un Estado que enfrenta retos económicos y sociales propios, y que busca mantener estabilidad fiscal en un escenario de migración y urbanización acelerada.