La situación en Jalisco refleja un aumento en los casos de despojo de propiedades, con un registro superior a 600 denuncias en lo que va del año, generando preocupación entre autoridades y ciudadanía.
El estado de Jalisco ha reportado un incremento significativo en las denuncias por delitos de despojo de propiedades durante 2025, alcanzando la cifra de más de 600 casos hasta la fecha. Este fenómeno ha puesto en alerta a las autoridades locales, quienes consideran que la problemática requiere atención urgente para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y frenar la escalada de delitos relacionados con la usurpación y la apropiación ilegal de bienes.
Las cifras oficiales revelan que, en comparación con años anteriores, el número de denuncias por despojo ha crecido de manera considerable, evidenciando una tendencia preocupante en el estado. La mayoría de estos casos se concentran en zonas urbanas y suburbanas, donde las disputas por terrenos y propiedades han aumentado debido a la creciente demanda inmobiliaria y a la falta de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar estas conductas ilícitas.
Este aumento en las denuncias refleja también la percepción de inseguridad entre los habitantes, quienes enfrentan día a día la amenaza de perder sus bienes por acciones ilegales. La Fiscalía de Jalisco ha señalado que, aunque existen esfuerzos para fortalecer las investigaciones y sancionar a los responsables, las dificultades en la recopilación de pruebas y en la judicialización de los casos complican la resolución efectiva de los conflictos. Además, se han identificado varias modalidades de despojo, incluyendo engaños, amenazas, violencia y uso de la fuerza, lo que complica aún más la labor de las autoridades.
Expertos en seguridad y derecho han manifestado que el incremento en las denuncias puede estar vinculado a diversos factores sociales y económicos, como la crisis inmobiliaria, la desinformación de los propietarios, y la presencia de grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas. La falta de campañas de prevención y la lentitud en los procesos judiciales contribuyen a que muchos casos queden en la impunidad, incentivando la repetición de estos delitos.
Para hacer frente a esta problemática, las autoridades en Jalisco han anunciado la implementación de nuevas estrategias que incluyen campañas de concientización, fortalecimiento de las unidades especializadas en delitos patrimoniales y la colaboración con instituciones de seguridad y privadas para detectar y prevenir actos de despojo. Sin embargo, aún se requiere mayor inversión en recursos y capacitación para mejorar la efectividad de estas acciones.
Los propietarios y comunidades afectadas continúan reclamando mayor protección y mecanismos efectivos para denunciar y resolver los casos de despojo. La situación pone en evidencia la necesidad de una respuesta coordinada que involucre a todos los niveles de gobierno, así como la participación activa de la sociedad civil para reducir los incidentes y garantizar la seguridad jurídica en el estado.
