La justicia absuelve al exsecuestrador, reconociendo irregularidades en su proceso y vinculando su caso con montajes policiales y torturas
Israel Vallarta Cisneros fue liberado este viernes tras permanecer casi 20 años en prisión sin sentencia definitiva, en un caso que ha generado amplias controversias sobre las fallas del sistema de justicia en México. Acusado inicialmente de secuestro, delincuencia organizada y otros delitos relacionados, su proceso estuvo marcado por irregularidades y un largo historial de recursos legales sin resolución favorable hasta la reciente absolución.
Vallarta, de 55 años, salió del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde permaneció recluido desde diciembre de 2005. La decisión de la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, fue clara: no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal en los delitos por los que fue acusado. La magistrada determinó que las acusaciones carecían de sustento y que la responsabilidad de Vallarta en el secuestro y otros cargos no podía ser probada.
El proceso judicial fue extenso y complejo, con múltiples recursos interpuestos por la defensa, incluyendo al menos 10 apelaciones, seis juicios de amparo, siete recursos de revisión y tres quejas ante instancias nacionales e internacionales. La causa de la prolongada privación de libertad fue, en parte, la existencia de indicios de tortura durante su detención y las irregularidades en los procedimientos policiales y judiciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones por actos de tortura y violaciones a los derechos de la familia Vallarta, mientras que organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, también alertaron sobre las condiciones del proceso.
El caso de Vallarta estuvo rodeado de polémica desde el principio. Fue detenido en diciembre de 2005 en el rancho “Las Chinitas”, junto con Florence Cassez, en un operativo que fue transmitido en vivo. Posteriormente se comprobó que la operación había sido un montaje, recreado por las autoridades en una acción que afectó decisivamente el curso del proceso judicial. El entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, admitió que las detenciones se realizaron un día antes, lo que confirmó la recreación del operativo y la fabricación de pruebas.
La captura de Florence Cassez fue posteriormente considerada irregular y fue liberada en 2013, tras comprobarse violaciones al debido proceso. Sin embargo, Vallarta permaneció en prisión desde entonces, enfrentando múltiples procesos penales y acusaciones infundadas. La prolongación de su encarcelamiento generó condena tanto a nivel nacional como internacional, donde organismos de derechos humanos denunciaron torturas y violaciones a sus garantías procesales. La falta de una sentencia definitiva durante tantos años fue señalada como un ejemplo de las fallas del sistema judicial mexicano.
En la conferencia de prensa posterior a su salida, Vallarta afirmó estar en estado de shock y expresó su deseo de centrarse en su salud y en recuperar el tiempo perdido con su familia. Mencionó que padece algunas afecciones, pero confía en que con los cuidados médicos adecuados podrá mejorar su condición. Además, señaló que buscará que se le reconozca su inocencia y evaluará la posibilidad de demandar al Estado mexicano por los daños sufridos durante su injusto encierro.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordaron el caso en la conferencia matutina, calificando la detención de Vallarta como parte de un montaje encabezado por Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos. Sheinbaum destacó que el operativo fue irregular y que estuvo marcado por torturas, además de vincular el caso con el sexenio de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. La mandataria también afirmó que la reparación del daño podría solicitarse mediante juicio, en el marco de la Ley General de Víctimas, aunque aclaró que esto requiere el reconocimiento formal de la condición de víctima.
Rosa Icela Rodríguez confirmó que, tras la resolución absolutoria emitida por el juzgado, Vallarta fue liberado y que el proceso legal fue largo y lleno de recursos. La funcionaria detalló que desde 2005 Vallarta estuvo en la cárcel, enfrentando cargos por presunta participación en delincuencia organizada y secuestro. Señaló que el proceso estuvo plagado de quejas, amparos y denuncias, y que en 2022 la ONU alertó sobre violaciones a sus derechos. La autoridad también resaltó que el gobierno ha dado atención a la familia del exreo, particularmente a su esposa.
El caso de Israel Vallarta evidencia las graves fallas del sistema judicial mexicano, donde la prisión preventiva excesiva, las torturas y la fabricación de culpables son problemas recurrentes. La absolución después de dos décadas sin sentencia representa un llamado urgente a reformar las instituciones de justicia y garantizar derechos fundamentales. Además, reabre el debate sobre la legalidad de los montajes mediáticos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a los derechos humanos en el país.
