La polémica decisión judicial que revela el doble discurso del obradorismo en México
La reciente liberación de Israel Vallarta ha puesto en evidencia las profundas contradicciones y el doble discurso que caracteriza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que en su momento se presentaba como una lucha contra la impunidad y la justicia verdadera, hoy se revela como un acto de manipulación política y un espectáculo mediático. La decisión de la jueza Mariana Vieyra Valdés, conocida por su fallo en el caso de Malinali Gálvez, media hermana de Xóchitl Gálvez, ha generado gran controversia y rechazo entre las víctimas y analistas independientes.
Desde hace años, el obradorismo ha adoptado una postura populista que, en teoría, busca proteger a las víctimas y castigar a los delincuentes. Sin embargo, la realidad muestra un patrón diferente: en múltiples ocasiones, las acciones del gobierno parecen estar dirigidas a distraer a la opinión pública de los problemas reales, como la corrupción, la inseguridad y la impunidad. La liberación de Vallarta, quien fue señalado por al menos seis víctimas como su secuestrador y torturador, se suma a esta lista de decisiones polémicas que parecen responder más a intereses políticos que a la justicia genuina.
Lo que llama la atención en este caso es que, al salir del penal del Altiplano, Israel Vallarta no exigió justicia ni reconoció las víctimas que lo denunciaron. En cambio, anunció que revelaría información relacionada con figuras como Genaro García Luna y el periodista Ciro Gómez Leyva, como si sus acusaciones fueran una estrategia preparada de antemano. Este comportamiento evidencia que su liberación no es fruto de un proceso judicial transparente, sino de una operación diseñada para generar impacto mediático y político.
Además, Vallarta ha manifestado su intención de participar en la política como senador por la Cuarta Transformación, lo que evidencia la utilización de casos judiciales como instrumentos de propaganda. La lista de aspirantes de Morena, que parece más un casting de personajes con antecedentes delictivos, refleja el nivel de descomposición del sistema político en México. En ese contexto, la figura de Vallarta se inscribe en un escenario donde la coherencia y la ética parecen haber sido reemplazadas por la conveniencia y el oportunismo.
El caso de Florence Cassez en 2013 sirvió como referencia en su momento. Entonces, el expresidente López Obrador clamó por justicia, argumentando que la liberación de la ciudadana francesa violaba derechos y que se debía respetar a las víctimas. Sin embargo, hoy esas mismas ideas parecen haber quedado atrás. La narrativa oficial ahora favorece la liberación de personajes como Vallarta, incluso si ello implica revictimizar a las personas que sufrieron su delito, en una clara muestra de que la justicia ha sido sustituida por intereses políticos y mediáticos.
La jueza Mariana Vieyra Valdés, quien en marzo pasado condenó a 89 años de prisión a Malinali Gálvez, ha sido la misma que, en el caso de Vallarta, optó por su libertad. La coincidencia en los fallos y en los perfiles de los jueces en estos casos no es casualidad, sino evidencia de una estructura judicial que responde a lineamientos políticos más que a la búsqueda de justicia objetiva. La decisión desprecia a las víctimas, ignorando sus testimonios y su dolor, en una muestra clara de que en esta tragicomedia judicial, los afectados no tienen lugar.
La liberación de Israel Vallarta no representa ningún avance en la justicia ni en la protección de las víctimas. Es, en realidad, una estrategia de marketing político que busca desviar la atención, fortalecer narrativas y fortalecer a figuras como López Obrador y sus aliados en el poder. Es una bofetada para quienes han sufrido su violencia y una burla al sistema judicial que, en estos casos, parece estar al servicio de intereses partidistas.
Este episodio confirma que en Morena y en el actual sistema político mexicano, la coherencia, la memoria y la decencia han sido sacrificadas en aras de la simulación y la manipulación. La historia de Vallarta, lejos de ser una victoria de la justicia, es un ejemplo más del deterioro institucional y del uso político de la justicia en México. La liberación del exsecuestrador no es una buena noticia; es un miserable distractor que, tarde o temprano, tendrá sus consecuencias.
